A raíz de la crónica publicada por el periódico estadounidense, The Wall Street Journal, dando cuenta del soborno hecho a un senador dominicano y a altos oficiales militares de 3.5 millones de dólares, para la compra de ocho aviones Super Tucano, analistas políticos y voces autorizadas del país, coincidieron en señalar que aquí no habría persecución penal por el reinado de la impunidad.

Mientras en el Brasil, donde opera la empresa que pagó el soborno, hay una decena de personas presas, en nuestro terruño, las autoridades dominicanas, ni siquiera se han molestado en interrogar al coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Nuñez, citado por el diario norteamericano como el oficial que recibió el dinero para distribuirlos entre los legisladores.

Los actos de corrupción que pueden traducirse en desfalco, robo, estafa contra el Estado, están tipificados como infracciones criminales por el Código Penal Dominicano. También el soborno está castigado con penas drásticas, pero desgraciadamente en el país existe el crimen sin castigo. La impunidad se extiende en otros estamentos sociales.

En una ocasión, una institución internacional, muy acreditada concluyó un estudio que establecía que la corrupción aquí era endémica. Y es por tal criterio que nosotros perdimos nuestra capacidad de asombro. En tanto, otros países persiguen infracciones cometidas en territorio dominicano, el Ministerio Público permanece inerte frente a los escándalos que originan las transgresiones a las leyes.

Ojalá el jefe de la investigación penal, pueda por lo menos, cooperar con las pesquisas que realizan las autoridades brasileñas, a los fines de que resplandezca la verdad de la acción criminal en cuestión, y se apliquen las sanciones condignas a los responsables de la parte criolla, siguiendo las pautas trazadas en el artículo 46 de la Convención de las Naciones Unidas sobre corrupción.

El referido texto plantea que los Estados Partes se prestarán las más amplias asistencia judicial recíproca, respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales con los delitos comprendidos en la misma.

La asistencia comprende recibir testimonios o tomar declaraciones a personas, embargos preventivos y examinar objetos y lugares. Refiriéndose el centenario del nacimiento de Cortázar, el articulista Ramón Rodríguez, hizo la siguiente valoración: “Más doloroso será contarle a Cortázar, que aquella catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras que se armaron en las manos de su Maga, ya no conmueven los corazones, pues en países donde se archivan los expedientes de corrupción, se pierde la sensibilidad y el amor por el arte”.