El presidente Danilo Medina extendió ayer por decreto la legislatura para conocer los proyectos de ley de Partidos y de Régimen Electoral, lo que representa una última oportunidad para que Congreso y clase política acuerden aprobar esos estatutos regulatorios.

Los partidos y legisladores dispondrán de 15 días para ponerse de acuerdo y convertir en leyes los proyectos que garantizan control sobre el quehacer partidario y la actualización de las normativas electorales, lo que significa también fortalecimiento de la democracia política.

Por más de una década, las organizaciones partidarias mayoritarias han evadido o rehusado conocer, discutir y aprobar un tipo de ley que permita fiscalizar y regular el uso de fondos públicos o privados por parte de esas instituciones de orden público.
Tampoco han aceptado aprobar una ley que amplíe las prerrogativas de control y fiscalización que deben tener órganos con rangos constitucionales, como la Junta Central Electoral (JCE) y Tribunal Superior Electoral, para garantizar el derecho de sus membresías a elegir a sus autoridades y candidatos.

Por la ausencia de una ley tan amplia como fuera posible, los partidos políticos actúan como chivos sin ley, no solo en el avasallamiento de derechos constitucionales de sus afiliados, sino también en el manejo irregular de los recursos que les que otorga el Estado.

Los proyectos de ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, y del Régimen Electoral, han estado engavetadas por tantos años porque el liderazgo político todavía teme al desarrollo de una democracia plena, tanto al interior de las organizaciones partidarias como en la sociedad en sentido general.

Muchos líderes y dirigentes de todas las parcelas políticas prefieren extender los tiempos de “Concho primo”, o de “las montoneras”, para sustentar formas de caudillismo incompatibles con la democracia y el mundo de hoy, razones por las cuales temen y subvierten la posibilidad de aprobar leyes como las de referencia.

Los legisladores dispondrán a partir del viernes de 15 días para satisfacer un clamor nacional, por lo que es preciso advertirles que sobre sus hombros y los de sus mandantes recaerá la responsabilidad del daño que pueda ocasionar a la democracia un nuevo incumplimiento de su responsabilidad histórica.