La Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene un constante acoso jurídico contra Republica Dominicana, o al menos pone mucho más interés en denuncias que impliquen al gentilicio nacional en violación a la ley internacional.
Es el caso de la condena emitida contra el Estado dominicano al que culpa por la muerte en el año 2000 de seis inmigrantes haitianos y un dominicano en la zona fronteriza.
Una patrulla militar disparó contra un camión en el que viajaban las víctimas, cuyo conductor no atendió la orden de pare en un retén. Sin valorar las circunstancias en que se produjo esa tragedia, no hay dudas de que esa Corte no actúa del mismo modo frente a centenares de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que desaparecen o son asesinados durante el largo peregrinaje hacia la frontera de México y Estados Unidos.
No se conoce ninguna sentencia contra las naciones involucradas por permitir que inmigrantes ilegales sean asesinados, secuestrados o torturados.
El Nacional
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