En el marco de la Asamblea General de la ONU y por declaraciones individuales de algunos líderes del mundo, incluyendo al ex presidente Leonel Fernández, se vienen haciendo llamados para sancionar la blasfema o a todo aquello que sea percibido como insulto a las religiones. La libertad de expresión es el pilar sobre el cual descansa la democracia moderna, y cualquier intento de siquiera poner trabas en su ejercicio merece el repudio generalizado de todos los países, especialmente aquellos donde lograr ese tan esencial derecho ha costado tanta sangre.

No me parece una coincidencia que los llamados a sancionar la supuesta difamación religiosa, con la extraña excepción del Presidente Fernández, surgen de líderes cuyos países están en plena transición de regímenes dictatoriales que perdudaron por décadas, y que ahora intentan ser democráticos. Me luce razonable que estos todavía no comprendan el alcance de las libertades inherentes a vivir en una democracia.

En nuestro país, la libertad de expresión ha estado consignada constitucionalmente desde hace bastante tiempo, pero todavía hoy existen trabas fácticas y legales para su ejercicio pleno. De hecho, se requirieron unos 17 años desde la caída de la dictadura para que un ambiente de respeto a ese tan esencial derecho se pudiera implementar, y lentamente con muchos tropiezos se ha venido sosteniendo con el pasar de los años.

Es común escuchar con frecuencia por parte de líderes políticos y comentaristas hablar de libertinaje en el uso del derecho a la libertad de expresión. Si bien es cierto que puede existir un uso inapropiado de la libertad de expresión, este queda bien delimitado por los derechos de terceros como el derecho a la privacidad o la dignidad, derechos que pueden ser reclamados y que son reconocidos por nuestra Carta Magna y la mayoría de las constituciones del hemisferio.

Lo anterior, sin embargo, no impone una retranca a la expresión sino que inutiliza la necesidad de la persecución penal por difamación e injuria, y limita su reclamación únicamente por la via civil. Erradicar la persecución penal por faltas relacionadas a la libertad de expresión lamentablemente todavía no se ha logrado en nuestro país, siendo esa reliquia legal una de las manchas más obscenas que aún persiste dentro de nuestro marco jurídico.

La libertad de expresión es la manifestación más clara de la libertad como derecho fundamental, y sin ella, una vida en paz o democracia no sería posible. Pretender que se agreguen condicionantes a ese derecho porque algunas personas se ofenden, es desnaturalizarlo hasta hacerle irreconocible y posiblemente destruirlo de manera irreversible.

Me incluyo entre aquellos que guardan para si la frase no estoy de acuerdo con lo que dices, pero estoy dispuesto a morir defendiendo tu derecho a decirlo, porque estoy consciente que el día que yo admita que a alguien se le coercione su derecho a expresar cualquiera que sea su opinión, será el día que estaré permitiendo que un poder me impida externar la mía. Una vida sin libertad, no es vida.