Ese es el término real para definir los pasos dados por Obras Públicas para recuperar el peaje de Las Américas sin cumplir con el compromiso de pago de la indemnización impuesta al país por una Corte Internacional de Arbitraje, reunida en Londres.

El Estado dominicano perdió el arbitraje frente a la Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa), luego de pagar cerca de 12 millones de dólares en honorarios de abogados y otros gastos colaterales.

Sin embargo, nada de esto fue efectivo, y estoy seguro que hasta el presidente Leonel Fernández previó los resultados, ya que en la parte final del proceso desapoderó a Obras Públicas del caso para que el secretario administrativo de la Presidencia asumiera la defensa del país.

Producto de que Obras Públicas incumplió el contrato que otorgaba a Codacsa la administración del peaje de Las Américas y la autorizaba a construir otro en la Autovía del Este, el país fue condenado a indemnizar a esa empresa con 45 millones de dólares.

Pero aún el laudo, o sentencia como se le conoce aquí, fue evacuado en enero de este año, no hubo interés en cumplir con el mandato de los árbitros, pero sí el de utilizar la fuerza sinrazón para recuperar el peaje.

Ese debe ser un gran mérito para la gestión del ingeniero Víctor Díaz Rúa, mientras que al presidente entrante, Danilo Medina, corresponderá pagar los 45 millones de dólares impuestos en el laudo.

Ocupar el peaje a la fuerza fue una jugada política peligrosa, porque podría provocar sanciones sin precedentes contra el país, por organismos internacionales, cosa que en el pasado ocurrió durante la gestión de gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco.

Debemos recordar que en aquella ocasión, por el país no cumplir con un laudo a favor de una empresa estadounidense, fue dejado fuera de los beneficios que establecía en ese momento el Acuerdo de San José.

Ojalá que ahora no estemos ante una situación similar.