Los frecuentes llamados a una reforma fiscal integral por lo general apuntan a una evaluación del gasto del Estado tendente a su drástica reducción. Pedir la eliminación de puestos o entidades enteras en el corto plazo no es políticamente viable, y pudiera ser económicamente peligroso. No obstante lo anterior, la creciente dependencia del Estado al financiamiento para cubrir una parte cada vez mayor de su Presupuesto, hace de la necesidad de replantearse el gasto gubernamental una urgencia. Una forma de dar el primer paso para la organización definitiva del Estado Dominicano sería una ley orgánica que establezca su estructura definitiva, desde sus aspectos geográficos hasta su funcionamiento ordinario.

Una ley orgánica de estructuración del Estado debería poder regular el tamaño de este desde sus demarcaciones territoriales hasta su propia burocracia. Con esta se debería no solo detener la atomización del territorio en montones de provincias y municipios sin propósito, sino que directamente podrían ser recortadas al menos una veintena de las provincias ya existentes y casi la mitad de los municipios para reducir la abultada burocracia creada por tantas gobernaciones, ayuntamientos, distritos municipales, etc. además de reducir los costos derivados de la multiplicidad de jurisdicciones.

Para paliar el impacto político de una medida de ese tipo, la misma ley debería prever la representación no por demarcaciones, sino por cantidad de habitantes de forma tal que, al menos en principio, la mayor parte de los actores políticos no se vean votando en contra de la prevalencia de sus propios cargos.

Adicionalmente una ley de este tipo debe poder plantear una estructura macro del Estado más rígida que eluda duplicidades, reduzca la cantidad de ministerios al mínimo, y procure eliminar o fusionar direcciones cuyas funciones sean afines. Esto, sumado a la eliminación de todas las rigideces presupuestarias establecidas en leyes especiales lo que podría hacer esta misma ley, debería implicar en el largo plazo un ahorro substancial para el Estado, permitiéndole mayor campo de maniobra para la colocación de recursos de una forma más eficientes.

En todo caso, una reforma estructural del Estado es algo que deberá ejecutarse de forma progresiva a lo largo de varios años a los fines de mitigar sus efectos económicos y políticos. No es razonable ni deseable mandar de golpe a docenas de miles de personas al desempleo, pero sí es posible prolongar el impacto en el tiempo, estableciendo un calendario de desmonte y fusiones de entidades de forma tal que, como resultado de una congelación de las nóminas en aquellas instituciones a ser eliminadas o fusionadas, los efectos del desarrollo del sector privado, las renuncias, muertes y jubilaciones logren mitigar el impacto total sobre la economía.

Por algún lado el verdadero cambio debe empezar, crear una única ley que defina y establezca la estructura del Estado Dominicano para ajustarle a las necesidades del mundo moderno pudiera ser un primer paso importante en esa dirección. Me preocupa que tratar de brincar adelante sin ello hará políticamente inaplicable y económicamente insostenible cualquier intento honesto de realizar el tan mentado pacto fiscal.

POR: Orlando Gómez Torres