El día 26 de noviembre el Secretario de Estado de Interior y Policía emitió la Resolución 01-08, mediante la cual se suspende la autorización del uso de armas de fuego a personas con permiso para portarlas. La medida abarca el período del primero de diciembre al primero de enero. Esta disposición, que pretende disminuir la criminalidad en la temporada navideña, tiene las características de todas a las que nos tiene acostumbrado este funcionario gubernamental; inefectividad y contrasentido.

El incumbente de esta Secretaría de Estado, da una interpretación contradictoria al contenido de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego del 18 de octubre del 1985, especialmente a su Artículo 27, el cual le otorga facultad para revocar las licencias que esa misma Secretaría concede a quienes la solicitan. El funcionario trata de imponer esta medida sin importarle la forma negativa como impacta en la sociedad, el rechazo generalizado que produce y que a todas luces, no solucionará el problema que la motiva.

En la redacción de esta Ley, como en muchas de nuestras legislaciones, el legislador no entra en detalles específicos sobre algunos aspectos de su aplicación, estos se dejan a las reglamentaciones o al buen sentido de quienes deban interpretarlas. En este caso, la Ley 36 del 1985, no establece bajo qué circunstancias el responsable de la Secretaría de Estado de Interior y Policía puede suspender las licencias y permisos concedidos a personas que previamente han calificado para el porte de armas de fuego. Esta situación ha dado lugar a lo que parece un nuevo desatino de este funcionario gubernamental.

Sorprende que un ex Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con tan altas calificaciones intelectuales, incurra en una medida tan contraproducente como esta, la cual prohíbe el porte de armas a personas con riesgo de ser agredidas por delincuentes, mejor armados que las mismas autoridades y a quienes hay muy poca posibilidad de desarmar. Como otras que ha emitido este funcionario, la medida no se corresponde con la realidad ni parece aportar nada a la solución del problema que la provoca.

La torpeza de la medida que ahora se dispone, se evidencia en el énfasis que hace en el primer párrafo del Artículo 1 de la Resolución, donde se precisa que al trasladar el arma al hogar, negocio u oficina, debe ser colocada sin tenerla dispuesta para el uso. La gente es asaltada precisamente cuando va a su hogar, a su negocio u oficina ¿Se propicia la indefensión de las personas ante delincuentes que precisamente cometen sus hechos sorprendiendo a las personas honestas cuando van a su casa o a su lugar de trabajo? ¿Por qué el acento en no tenerla dispuesta para el uso? La medida no trata de evitar únicamente la exhibición innecesaria de las armas, se impide a la gente de trabajo la opción de utilizar el arma para su defensa. No se puede entender otra cosa por el énfasis que se hace en este punto.

Está claro que este tipo de medida afecta a los que tienen un arma en forma legal, quienes al mismo tiempo son impedidos hasta de tenerlas listas para el uso, mientras resulta imposible aplicar lo mismo a quienes las adquieren y portan ocultas para delinquir. Vista así la situación, no se justifica un ensayo en el cual se desarme a quienes han optado por la legalidad para tener un arma de fuego, mientras que la medida no resulta aplicable a los portadores con mayor propensión a la criminalidad.

Que el funcionario facultado para controlar el uso de las armas de fuego ahora se destape con una disposición que deja indefensos a quienes pueden ser las víctimas de los desaprensivos, da lugar a suspicacias inimaginables. Pero a pesar de la prepotencia y las torpezas acostumbradas, no creo que este funcionario llegue al extremo de desarmar a la población civil y armar a la delincuencia en forma conciente. No se concibe un desatino que puede provocar tanto daño a la sociedad como a su propio gobierno. Se puede descartar una intención maliciosa en la imposición de esta medida, pero sí es manifiesto un alto nivel de torpeza e improvisación donde el funcionario expresa su incapacidad para enfrentar con efectividad el auge incontrolado de la criminalidad, dando palos a ciegas.

Contrario a los resultados que se esperan, los precedentes que existen son desfavorables a estas medidas, citándose países como Inglaterra donde en 1997 se hizo un desarme similar a la población y el año siguiente la criminalidad aumentó un 40%, mientras en algunos estados norteamericanos que han autorizado el porte, se han producido reducciones en la criminalidad en más de un 30%.

¿Qué se ha conseguido con las medidas que ya se han tomado aquí?, a pesar de la efectividad que puedan pregonar los responsables del gobierno, los resultados que la población percibe son otros. La criminalidad parece incrementada. El crimen se comete constantemente a cualquier hora del día o de la noche, los negocios pierden rentabilidad con el cierre obligado a media noche, nadie está seguro ni en su propia casa, aparecen nuevas modalidades del crimen (como el Secuestro), el tráfico de drogas se incrementa y las acciones de las narcotraficantes son cada vez más extremas como lo muestran los asesinatos múltiples, cada vez más frecuentes.

Aunque ciertas personas favorecidas por el gobierno, funcionarios públicos o personas que gozan del privilegio de tener seguridad personal pagada por el Estado en forma de escoltas militares, defienden esta medida, otras personas y sectores importantes, quienes no cuentan con otra seguridad que no sean las armas autorizadas o la seguridad que pagan con sus propios recursos, las rechazan vehementemente.

El resultado de una supuesta encuesta que se refiere en la Resolución 01-08, sería ordenado para ponderar la aceptación popular de la medida y arrojaría un 73.3% de aprobación, pero este estudio parece corresponder a la política gubernamental de emplear su poderosa maquinaria publicitaria cuando se propone justificar una disposición cualquiera. Salvo la red de medios y comunicadores que por razones obvias se empeñan en aprobar todas las ejecutorias gubernamentales, esta medida ha recibido el rechazo generalizado de importantes personalidades entre las que se incluyen los más altos dignatarios de la Iglesia Católica, importantes medios y comunicadores, sectores productivos, organizaciones políticas, grupos de comerciantes y personas tan respetadas como Fredy Beras Goico.

El esfuerzo experimental de una convivencia sin violencia, como se ha calificado esta medida, no tiene posibilidades de éxito, si parte de una disposición desafortunada donde existe un enfrentamiento y se desarma a una de las partes, mientras no se hace nada para hacerlo con el contendiente que encarna la criminalidad. Es la razón de la polémica que ha generado la medida y del justificado pesimismo sobre sus resultados.

Después del periodo navideño, esperamos lo de siempre; mientras se ocultan cifras exactas minimizando los hechos criminales, se ufanarán de un supuesto éxito de las medidas que se tomaron. Quisiera equivocarme y que los desatinados fuéramos los que preferimos acciones certeras para desarmar a los verdaderos criminales, mientras vemos el yerro en esta, que deja indefensas a quienes pueden ser sus víctimas.