En días recientes, funcionarios de la embajada norteamericana y congresistas de ese país, visitaron al presidente Danilo Medina, a la Cámara de Diputados y al Tribunal Constitucional, en gestiones para dotar de la nacionalidad dominicana a más de dos millones de haitianos ilegales.

Los Estados Unidos y otros países que tejen una urdimbre contra nuestra nación, no acaban de entender que somos un país libre, soberano e independiente, con pleno derecho de ejercer el control migratorio, y defender la soberanía nacional frente a cualquier pretensión de desconocer nuestro ordenamiento jurídico, e imponernos reglas contrarias a la Constitución de la República y las leyes adjetivas.

Tras bastidores, ha surgido la especie de que los comisionados norteamericanos buscan la anulación de la sentencia 168-13 que define claramente quienes son dominicanos y traza las vías existentes de adquirir la nacionalidad, y descalifica a los extranjeros en tránsito para dotarlos de la misma, sean de cualquier país. La sentencia es vinculante a todos los poderes del Estado y no existe recurso para su impugnación.

Los contactos y cabildeos de los representantes estadounidenses, constituyen una intromisión en los asuntos internos de nuestro país, y una violación al principio internacional de la no intervención, pues la República Dominicana tiene todo el derecho de fijar las reglas que considere pertinente en materia de migración, prerrogativa que actualmente aplica con drasticidad el presidente Donald Trump.

El señor Trump, no ha recibido críticas ni reparo de ningún país por sus decisiones de expulsar a los ilegales en territorio norteamericano, llegando al extremo de cancelar los derechos de residencia y ciudadanía de miles de extranjeros que han echado raíces en esa nación.