Los recientes hechos de corrupción, vinculados a asesinatos y muertes, reflejan la urgente necesidad de la renovación política. El último caso de Yuniol Ramírez, asesinado brutalmente por autores materiales e intelectuales de la OMSA, y que directamente involucra al presidente del PLD en el municipio de Santo Domingo Oeste, y quien era Director de la OMSA, es la mejor evidencia de ello.

Pero, si revisamos los casos más sonoros, y que han salido en los medios de comunicación, como lo fue la muerte de David Rodríguez García, suicidado en la misma oficina de la OISOE. También, el caso de los asesinatos de los comunicadores Luis Manuel Medina y Leo Martínez, en San Pedro de Macorís, en plena labores en una de las cabinas de una estación radial, por hechos generados en el CEA.

Si adicionalmente agregamos los casos de corrupción de Odebrecht, Super Tucano, Los Tres Brazos y el Metro de Santo Domingo, cada uno con sus propias características, nos revela que la respuesta del gobierno ha sido únicamente la destitución de los funcionarios involucrados, sin que vaya acompañado de otras medidas que pueden ser vistos por la sociedad como una sanción clara y precisa en contra de la corrupción y la impunidad.

Cada día que pasa, los dominicanos vemos perder nuestra capacidad de asombro, ante la contudencia de los hechos descritos, y como el gobierno carece de voluntad política para enfrentar con firmeza estos casos, y lo que es peor, quienes deben dar el ejemplo, como los funcionarios del gobierno, con más de quince años en la administración, con patrimonios que no pueden ser justificados en su mayoría, ya no tienen el deseo y la voluntad de buscar la verdad, caiga quien caiga. Hay que desterrar de la política a quienes con corrupción y violencia pretenden imponer sus anticonductas.

Como dominicano exijo justicia ante el crimen brutal que se llevó la vida de Yuniol Ramírez. Pero, adicionalmente, se requiere una profunda restauración moral. No me refiero al maquillaje que nos tiene acostumbrado el gobierno, con las comisiones de ética pública. La respuesta es más profunda.

Es un cambio integral en la conducción del Estado, asumir con firmeza la voluntad política, independencia completa del Poder Judicial, adopción de la ley de partidos y la ley electoral, y que, en la realidad y en la teoría, todos somos iguales ante la ley.