Poco antes de reunirse con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, declaró que el narcotráfico utiliza sin problemas el territorio de Venezuela.

Es evidente que Silva se expresa de ese modo por mandato de su jefe, el ultraderechista presidente Álvaro Uribe Vélez. Y no es casual que lo hiciera poco antes de viajar a Washington.

Presentan como necesario para la región el mal llamado acuerdo militar con Estados Unidos, que permitirá la instalación de espías, mercenarios y militares yanquis en siete bases militares colombianas, dos de las cuales ya son utilizadas.

El combate al narcotráfico es el pretexto para aumentar la presencia militar estadounidense en la región, y puede servir también como alegato para aumentar el nivel de la agresión contra Venezuela.

Silva y Uribe cumplen, pues, un encargo del poder imperialista.

Y es preciso destacar que no sólo emiten declaraciones ofensivas contra el Gobierno de Venezuela, también desafían a una parte de las instituciones de Colombia.

El llamado Proyecto de Acuerdo para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad, no será sometido al Congreso ni al Tribunal Constitucional de Colombia. El Consejo de Estado (el máximo tribunal administrativo) se pronunció recientemente manifestando preocupación al respecto, toda vez que la Sala de Plena de la Corporación determinó el carácter reservado de tal actuación….

¡Ni siquiera las instituciones de Colombia consideran inocuo el acuerdo! Uribe y sus asesores, igual el presidente de Estados Unidos Barack Obama y los suyos, se niegan a someterlo a la consideración de los organismos del Estado que no son controlados por la Presidencia.

Actúan en contubernio los falsos demócratas de la ultraderecha colombiana, el Premio Nobel Barack Obama y los demás representantes de un poder hegemónico que cambia de rostro pero conserva su definición esencial.

Uribe está en conflicto con una parte de las instituciones de su país. Recientemente se pronunció en defensa del vicepresidente Francisco Santos, contra quien la Fiscalía General ha reabierto las investigaciones (iniciadas en el año 2002) por considerarlo altamente sospechoso de tener vínculos con el paramilitarismo.

En este panorama, los argumentos del canciller Jaime Bermúdez, así como los de Silva, los de Santos y los del propio Uribe, son infelices.

Lesionan la institucionalidad y ofenden a los Estados vecinos, porque, a cambio de protección y apoyo, pactaron con el poder hegemónico y están comprometidos a legalizar la entrega de los recursos naturales de la zona. ¡Más que lacayos, apátridas!