En nuestro país, el tema de la corrupción pública y privada es un desastre en todos los sentidos. La población no le asigna la importancia debida, no termina de establecer la correspondiente relación que existe entre ella y las condiciones materiales de existencia de la gente. No comprende que cada peso sustraído es una posibilidad perdida de contribuir a la solución de los múltiples males que nos agobian.

Lo usual es que pese a tenerse una clara percepción de que muchas y, sobre todo súbitas fortunas de empresarios y funcionarios, tengan un origen ilegal, todo se queda en eso, en una impresión que, por común, se disipa con el tiempo y los sujetos pasan a ser personajes respetables dentro del esquema de valores perdidos de una sociedad en descomposición. Con frecuencia, el expediente nuevo hace olvidar el anterior y, cuando algo se mueve con relativa firmeza, se estanca en estratos inferiores que sabemos constituyen peldaños frágiles de una cadena de mayor calado. Eso es impunidad.

Esto último es lo que parece estar ocurriendo con el alegado soborno de 3.5 millones de dólares que por la compra sobrevaluada de aviones súper tucanos se le pagó a un coronel de la Fuerza Aérea.

Recordemos el ruido que generó esa compra, tanto por la oposición de amplios sectores de la nación; el costo mucho menor que una compra similar implicó para otro país, así como por el sintomático involucramiento de las máximas autoridades de entonces. Es decir, no se trató de una compra común y corriente.

En ese contexto, resulta imposible imaginar que una transacción de esa envergadura fuera concebida, autorizada y ejecutada con la exclusiva participación de un militar que tiene muchísimas personas superiores a él. De ahí que, si fuere cierto lo del soborno, puede darse por descontado que no sería el único que se benefició del mismo.

La propia participación del referido Coronel deviene sospechosa tratándose, como se trata, de un militar que había sido retirado por mala conducta y luego lo reintegran y es colocado al frente de un departamento para el cual se precisa un manejo transparente de los casos que trata.

Ojalá ocurriera un milagro y, para sorpresa de todos, se hiciera realidad la manida expresión de llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Últimas que, dicho sea de paso, serían las primeras en que las piezas de este rompecabezas fétido se coloquen en su justo lugar.