WASHINGTON. (BBC Mundo). Cuando seis vacas de un vecino se pasaron a la finca de Rodney Brossart, y él no las devolvió, seguro nunca se imaginó que se convertiría en el primer ciudadano de Estados Unidos arrestado con la ayuda de un dron del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los drones, o aviones no tripulados, se conocen más como un polémico instrumento militar utilizado por Estados Unidos en su lucha antiterrorista en países como Afganistán, Yemen y Paquistán. Pero su uso dentro del país como arma policial, ha generado un fuerte debate en torno a la privacidad, la vigilancia del gobierno y el poder de la policía.

En el caso de Brossart, el incidente comenzó cuando el campesino de Dakota del Norte, rehusó devolver las vacas que habían entrado a su propiedad de más de 3.000 acres, lo que generó un enfrentamiento con la policía local.

Los agentes luego utilizaron un «Predator B» prestado de una base aérea cercana para localizar al sospechoso y detenerlo. Es el mismo tipo de avión no tripulado utilizado en las misiones militares de Estados Unidos en el extranjero, pero sin los misiles.

Bruce Quick, el abogado de Brossart, acusó al gobierno de utilizar «un instrumento de reconocimiento militar sin orden judicial» y caracterizó el episodio como un ejemplo de «conducta gubernamental excesiva». Sin embargo un juez respaldó el arresto de Brossart y su caso legal sigue en proceso y posiblemente podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.

En los próximos 10 años se proyecta que más de 30.000 de estos aparatos aéreos no tripulados volarán en Estados Unidos para observar el clima, tomar fotos topográficas y monitorear el tráfico. Desde el 2005 se han utilizado para vigilar la frontera con México, pero siempre bajo la operación de agencias federales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) es la entidad que autoriza el uso de los drones y revisa las solicitudes caso por caso. Pero una nueva ley aprobada este año, obliga a la FAA a crear un sistema de permisos y reglamentos para acelerar el uso de los drones en todo el país.

Esto ha generado una gran expectativa entre las empresas que fabrican drones que tienen en la mira a los departamentos de policía local para venderles los aparatos.

«Cuando estás plagando el espacio aéreo con lo que equivale a cámaras de video voladoras, que tienen la habilidad de grabar todo lo que haces, a dónde vas, si vas al médico o a una protesta, se necesitan leyes específicas para proteger la privacidad»

Jay Stanley analista de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU).

Debido a los recortes en los presupuestos locales generados por la crisis económica, muchos departamentos de policía ven estos aviones como una alternativa más barata a la compra de helicópteros y la contratación de nuevos agentes para la vigilancia de zonas de alto crimen, o para perseguir sospechosos.

Lo que preocupa a los defensores de la privacidad ciudadana, como Jay Stanley analista de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), es que sin las leyes apropiadas, los drones en vez de ser instrumentos de asistencia policial en casos específicos, se conviertan en un sistema de vigilancia indiscriminada constantemente grabando lo que hacen los ciudadanos.

El peligro es crear una «sociedad bajo vigilancia donde cada movimiento es monitoreado, observado, grabado y examinado por las autoridades».

Ojos desde el aireA Stanley también le preocupa el hecho que estos drones tienen la capacidad de archivar toda clase de datos que se podrían usar retroactivamente y sin obtener una orden judicial.

«Además de la inseguridad de atorar nuestro espacio aéreo con robots voladores, se corre el riesgo de acabar con nuestros valores básicos de privacidad» y el principio de que el gobierno no tiene derecho de espiar todo lo que hace una persona que no es sospechosa de cometer un crimen, agregó Stanley.

Otro elemento que preocupa a los activistas, es la posibilidad de los drones también se utilicen para operaciones armadas contra los ciudadanos.