Decir que la Suprema Corte de Justicia se ha convertido en un obstáculo para la gobernabilidad, es una canallada. Son más que evidentes los aportes que nuestro más alto tribunal, tanto en el control de la casación como de la constitucionalidad, le ha rendido al país en interés de facilitar la vida en sociedad. Bastaría echarle un vistazo a sus tantísimos fallos de estos 12 últimos años, incluido el que declaró inconstitucional el artículo 5 de la Resolución No. 5-2001 de la JCE, que exigía a candidatos a cargos electivos fijar domicilio permanente en su circunscripción electoral.

Acusar a la Suprema Corte de Justicia, SCJ de ser un espíritu de cuerpo, es un irrespeto que, por demás, no se corresponde con la verdad. Los votos disidentes consignados en algunas de sus sentencias, como la que decidió la acción en inconstitucionalidad del préstamo Sun Land y la que juzgó que el doble grado de jurisdicción no es de orden sustantivo, le salen al encuentro.

Asegurar que la francesa fue una revolución contra los tribunales, es una lastimosa gala de ineptitud. Si la historia no se equivoca, se trató de una manifestación de repudio contra la monarquía absoluta y su abusiva concentración de poder, contra el hambre y la desnutrición que produjo el incremento del precio del trigo, contra la presión tributaria que sobre los campesinos ejercieron la nobleza feudal y el clero, contra la crisis económica en que sumieron a Francia los gastos excesivos de la Corte y el auxilio financiero prestado a Estados Unidos durante su guerra de independencia.

Digamos las cosas como son: estos disparates persiguen desprestigiar a la SCJ y, de paso, hacérsele el gracioso a Leonel y a Miguel, hermanados en el propósito de crear un tribunal constitucional probadamente innecesario.