El ministro de Industria y Comercio dijo que con la puesta en marcha de PRO-COMPETENCIA debe iniciarse en el país una reinterpretación y transformación de los principios que regulan la actividad económica.

Manuel García Arévalo dijo que con el organismo se busca establecer una cultura de competencia integral y efectiva, capaz de garantizar los derechos del consumidor y de evitar los excesos de quienes venden productos y servicios.

Indicó que el mundo de hoy nos conduce a adecuar la estructura productiva para afrontar con éxito el reto de la competitividad local e internacional y, la vez, nos convoca a manejarnos con mayor capacidad innovadora y menores costos de producción, a tono con la nueva dinámica competitiva.

Este nuevo paradigma para construir una República Dominicana competitiva y moderna, que tenga sustentabilidad hacia el futuro, se corresponde con la estratégica y visionaria política de apertura comercial emprendida por el presidente Leonel Fernández, como una forma de insertarnos adecuadamente en la era de la globalización e integración de los mercados, expresó.

Al intervenir ayer en la ceremonia de instalación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que velará por la aplicación de la Ley 42-08, García Arévalo dijo que el nuevo instrumento legal potenciará las relaciones de negocios y oportunidades de inversión, como forma de incrementar el progreso, la creación de empleos estables y productivos, y el bienestar de la población, atenuando con ello la desigualdad social.

Afirmó que una mayor competencia implica más crecimiento económico y que países como Australia y otros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que pusieron en marcha regulaciones como la que inicia en el país.

UN APUNTE

Integrantes de la comisión

La comisión está presidida por el economistas Luis Reyes e integrada por Leyda Reyes, Esther L. Aristy, Magdalena Gil de Jarp y Antonio Rodríguez Mansfield. La designación de estos funcionarios, en base a la Ley 42-08, es por un período de 5 años en el caso del presidente y de Leyda Reyes y de 2 años para los miembros restantes.