El contrato de la Junta Central Electoral y la empresa Soluciones Modernas (Somo) para la automatización del Registro Electoral estuvo plagado de irregularidades, desde la redacción y concepción de los términos de referencia para la licitación, hasta su ejecución.

A esa conclusión llegaron los contables, auditores y abogados de las firmas de auditores internos RSM, Pellerano y Herrera y SM Contadores, Auditores y Consultores Empresariales, según reveló el lunes el programa El Informe con Alicia Ortega.

Según el reportaje, que se basó en esas conclusiones, esas firmas sostienen que no se determinaron ni plasmaron las necesidades reales para la implementación del proyecto, y que aunque los auditores reconocen que fue correcta la adjucación en cuanto a la forma, no ocurrió lo mismo en cuanto al fondo.

Argumenta la firma de auditores que los inversionistas de Somo no cumplieron con la demostración de capacidad financiera de las empresas consorciadas y que no presentaron estados financieros auditados por los últimos tres años.

El contrato inició en el año 2004 por un monto de 62.6 millones de dólares, pero el consorcio ha afrontado dificultades financieras para dar continuidad al proyecto, por la oposición de jueces de la JCE a realizar los pagos correspondientes, mientras llueven quejas de los ciudaganos por las deficiencias y lentitud en los procesos para obtener nuevas cédulas y el Registro Electoral en las Oficialías del Estado Civil, según el trabajo.

Indica que otras irregularidades determinadas por los auditores dan cuenta de incumplimientos a la ley que obliga a la JCE a publicar durante tres días en diarios nacionales o extranjeros el aviso de licitación.

Se afirma además que Somo trató de justificar gestiones de financiamiento que corrían por su cuenta, pero que no se realizaron y sólo presentó cartas de intención para financiar el proyecto a través del Exim-Bank y del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil.