Los conflictos que enfrentan los ministerios de Industria y Comercio y Agricultura, y la Dirección General de Impuestos Internos, con asociaciones de comerciantes, ponen en evidencia que existe una gran distancia entre las prédicas a favor de la institucionalidad y la transparencia y la práctica real de sectores que aspiran a seguir desarrollando sus actividades sin ningún tipo de fiscalización y manteniendo márgenes de beneficios por encima del promedio, de acuerdo a diversos observadores.
Desde el inicio de la presente administración se puso en evidencia esa realidad con la decisión de pasar el otorgamiento de los permisos de importación de alimentos, de la discreción de tres funcionarios a una subasta pública en la cual no sólo se controlaba que esos permisos se dieran sin chocar con el ingreso al mercado nacional de la producción local sino también evitando que organizaciones poco representativas se alzaran con permisos que posteriormente vendían al mejor postor.
Esa decisión movilizó a los beneficiarios de los permisos de importación que entre los argumentos en contra de las subastas, en forma poco inteligente, llegaron a argumentar que con ellas, en vez de beneficiar a los productores y a los consumidores, éstos quedaban perjudicados, en el caso de los primeros con una baja en los precios de sustentación y en los últimos con alzas “escandalosas de precios”.
En el caso de los distribuidores de combustibles, su mayor demanda ha sido por un aumento de los márgenes de comercialización a su favor, reivindicación que poco a poco lograron, debido a que en la actualidad su margen de beneficios es tres veces mayor a que tienen las empresas distribuidoras al por mayor, de 23 pesos por galón frente a unos ocho pesos de las grandes distribuidoras.
Este sector históricamente ha argumentado que es víctima de competencia desleal, pero históricamente también se ha quedado atrás en cuanto a la realización de inversiones que modernicen sus negocios y ofrezcan comodidad y facilidades a los consumidores finales.
En su momento también se quejaron de la proliferación del uso de gas licuado de petróleo como alternativa de los usuarios por obtener combustibles más baratos.
En el caso de los comerciantes que simplemente reclaman que en sus negocios la DGII no instale equipos que puedan medir la magnitud de sus transacciones y particularmente el monto del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios que cobran a los consumidores y como agentes de retención deben transferir a la entidad recaudadora, su posición es muy vulnerable.
La demostración de fuerza que han dado con los llamados a paro debilita aun más su posición frente al resto de la sociedad que ve en la misma una intención de colocarse por encima de la ley e institucionalizar la evasión.
