La Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) rechazó hoy que el artículo aprobado por la Asamblea Nacional con relación a las playas, ríos, lagos y lagunas sea una privatización ni que limite el acceso público.

La entidad estimó que hay confusión con el alcance y significado de ese artículo.

Entiende que el texto incorporado a la Constitución, más que un retroceso es un paso de avance, porque antes los derechos de dominio público y de libre acceso sólo estaban consignados en una ley y ahora se le otorgó una categoría constitucional.

Como en la mayoría de los derechos ciudadanos, la Constitución encarga a la ley regular el uso de estos bienes de dominio público de libre acceso, al igual que con otros, como por ejemplo las calles y avenidas, porque se requiere organizar su uso para garantizar el beneficio que deben ofrecer a la colectividad, observó.

En lo que se refiere a que el texto especifica que el libre acceso debe hacerse observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada, Ashonarones entiende que esta disposición, lejos de despojar a la sociedad del drecho al libre acceso, ratifica el dominio público y resguarda el derecho a la propiedad privada, reconocido constitucionalmente.

La entidad que agrupa a los hoteleros indicó que esa disposición constitucional tiene dos características importantes, que son dar rango constitucional a ese derecho y otorgar el carácter de dominio público a ciertas áreas del territorio nacional, las playas, ríos, lagos y lagunas.

El nuevo texto constituye un avance al crear un equilibrio entre el uso de un patrinomio natural de la nación y el derecho de propiedad reconocido, dijo la entidad.

De su lado, la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Dominicanas (Adeti), al valorar ese artículo destaca que garantiza que las playas continúan siendo de uso y dominio público, lo que no entra en conflicto con el resto de los derechos recogidos en a Cosntitución, especialmente el de la propiedad privada.

Observó que como cualquier otro derecho constitucional, el otorgado debe ser regulado.

Queremos apoyar la responsabilidad y objetividad con la que ha actuado la Asamblea Nacional con la aprobación del artículo 13 de la nueva Constitución, al consagrar el carácter de dominio público de las playas respetando la propiedad privada, dijo.