La ministra de Trabajo garantizó ayer que los derechos adquiridos por los trabajadores no serán vulnerados con la propuesta de modificación del Código Laboral que realiza una comisión tripartita del Gobierno, empresarios y dirigentes sindicales. Sostuvo que se ha recorrido todo el país para consultar a los diferentes sectores sobre los puntos que a su juicio deben ser objeto de reforma para adaptar esa legislación a la Constitución del 2010.
Maritza Hernández al enfatizar sobre los derechos adquiridos por los trabajadores dijo que “nunca se modifica una ley para retroceder, sino para adecuar y poner en condiciones a los sectores”. Consideró que los integrantes de la comisión (tres abogados y tres economistas) que realiza las consultas con miras a proponer las adecuaciones necesarias al Código dispone de las más altas calificaciones, por lo cual aseguró que se está en buenas manos y exhortó a confiar en ellas.
La ministra, que a su vez también preside el Consejo Nacional de la Seguridad Social, criticó que los sectores laboral y patronal tengan derecho a veto de las decisiones adoptadas en forma colegiada, al considerar que ese ha sido un factor negativo que ha condicionado y mediatizado muchas de las decisiones del organismo.
Señaló que en la mayor parte de los países del mundo, dentro de los consejos de la seguridad social sólo el Estado dispone de derecho a veto.
La ministra de Trabajo fue la invitada al almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio, donde acudió acompañada de los viceministros Gladys Sofía Azcona y Winston Santos, así como del director general de Trabajo, Valentín Herrera.
En su intervención, la funcionaria criticó también que la sostenibilidad financiera del Sistema de la Seguridad Social se ponga en primer plano, cuando, en su opinión, ese hecho, importante en sí mismo, no puede estar por encima de los beneficios por los que paga la gente.
Hernández dijo que la sostenibilidad financiera del sistema de la seguridad social debe preservarse, pero no a costa de reducir la calidad de los servicios que se ofrecen a quienes pagan para que esa sostenibilidad sea efectiva.
Al exponer sobre los ejes fundamentales del Ministerio de Trabajo, citó la promoción del trabajo formal, al precisar que la informalidad tiene diversas expresiones, como es el trabajo particular de subsistencia que realizan determinadas personas y la realización de actividades productivas sin el control del Ministerio de Trabajo; la seguridad social y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Sin embargo, destacó que existe otra informalidad, tan irritante como las anteriores, que se expresa en empresas que sólo registran ante las autoridades a una parte de sus trabajadores (los cuales son protegidos por las leyes laborales y disfrutan de los beneficios de la seguridad social), mientras a los demás les pagan a través de “nominillas” (éstos que en muchos casos son la mayor parte, no disfrutan de ninguno de los beneficios anteriormente citados).
Hernández dijo que otra forma de informalidad es cuando empresas sólo reportan una parte de los salarios que pagan a sus empleados, que en muchos casos apenas representa un 20 a 25 por ciento del salario real. Dijo que esa práctica es lesiva a los derechos de los trabajadores, debido a que los beneficios de la seguridad social y las pensiones se obtienen por el monto reportado.
