En el ámbito judicial este año la población percibe un debilitamiento en la persecución de la corrupción administrativa por parte del Ministerio Público, en comparación con el 2020, cuando inició con tenacidad una agresiva política contra el crimen que con el tiempo ha ido perdiendo intensidad.
Últimamente el órgano acusador mantiene una batalla con jueces a los que considera venales y benevolentes con los alegados depredadores del Estado que han sido llevados a los tribunales, tirando por la borda el trabajo de los fiscales.
Los que sí ha demostrado la Procuraduría General de la República es su audacia para negociar con los imputados, donde solo uno del caso Coral 5 G, acordó entregar al órgano persecutor del crimen mil millones de pesos.
Los acuerdos también han llegado a otros casos como el Antipulpo, Coral y otros. La mayoría de los procesos de corrupción administrativa se encuentran en fase de instrucción.
Este año la operación más importante del Ministerio Público fue Cattleya, un entramado dedicado a la explotación sexual de mujeres venezolanas y colombianas.
El 29 de agosto, la magistrada Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a 11 de los 21 implicados de la supuesta red de traficantes de mujeres colombianas y venezolanas desmantelada mediante Operación Cattleya.
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El caso fue declarado complejo al comprobarse la pertinencia de la investigación y a otros siete encartados le fue dictada medida de coerción consistente en garantía económica (oscilante en el millón de pesos), impedimento de salida y presentación periódica.
El operativo, que desarticuló redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, dejó al desnudo la vulnerabilidad del país para el auge de ese crimen.
Las pesquisas incluyeron varios allanamientos efectuados en esta capital y Bávaro, provincia La Altagracia, la fortaleza de este fenómeno y los tentáculos fuertes que tenía.
En la operación estuvieron presentes 25 fiscales, más de 200 agentes de la Policía y 50 técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas.
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Las jóvenes eran retenidas en el hotel Caribe, de esta capital, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, con la promesa de un trabajo bien remunerado en esta nación, sin embargo, al final todo era un engaño, las explotaban sexualmente.
Las víctimas del entramado eran ofrecidas a clientes a un precio por hora de cinco mil a siete mil pesos (90-126 dólares) en la zona de Santo Domingo, y entre 100 a 150 dólares en Punta Cana.
Los clientes fueron captados por personal de la organización, el cual les mostraba catálogos generados con imágenes de las mujeres que eran exhibidas y estaban listas para recibirlos. No obstante, también existía la modalidad a domicilio, y en ese caso trasladaban a las víctimas a sus destinos según lo contratado.
La red era dirigida, según el MP, por los imputados José Miguel Michel Guridi, Daniel Enrique Inirio, José Alberto Soriano y Cristina Virginia González. Otra imputada de nombre María Paula Morillo y un hombre identificado como Richard Renne Rivera, quienes captaban a las extranjeras.
Un revés en lucha contra corrupción
En agosto pasado se produjo un giro en los procesos, luego que el juez Delby Timoteo Pequero le variara la medida de coerción a Alexis Medina Sánchez, principal imputado del caso Antipulpo.
Esa decisión surtió un efecto cascada para los demás imputados no solo de ese caso, sino para otros como Coral, Falcón, Coral 5 G, y se espera que continúa por ese derrotero con el caso Medusa, cuyo principal imputado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien está preso desde el 29 de junio de 2021.
Aplicando el principio de igualdad, los magistrados se ven compelidos a variarle la medida de coerción a Jean Alain.
Muchos de los casos de corrupción administrativa se encuentran empantanados en la PGR, como son los de corrupción denunciados en el Plan Social de la Presidencia, en la gestión de Iris Guaba; el caso de la contratación de asfalto en la gestión de Gonzalo Castillo; el supuesto fraude en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), en la administración Berlinesa Franco y el de las apropiaciones de terrenos del Estado, fraude que según el MP asciende a los 19 mil millones de pesos, cuyos principales imputados son el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizado.
Pocos fiscales
La Procuraduría General de la República no cuenta con los fiscales, investigadores y personal de apoyo para dar abasto en tiempo oportuno a la cantidad de denuncias de casos de corrupción administrativa y de otras índoles que recibe diariamente. Esa situación ha generado la ralentización de los procesos, o sea, que hay muchos casos que parecen estar empantanados, a pesar de que el equipo dirigido por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, hasta saben amanecer trabajando.
