Con el voto disidente de su presidente y de otro magistrado, el Tribunal Superior Electoral (TSE) se declaró incompetente para conocer y decidir dos acciones de amparo interpuestas contra el voto de arrastre mantenido por la Junta Central Electoral en el Distrito Nacional y cinco provincias.

Tres de los cinco jueces acogieron la acción de incompetencia de esa alta corte presentada por la Junta Central Electoral (JCE), cuyo representante adujo que el Tribunal Superior Administrativo sería la jurisdicción adecuada para conocer de esa demanda.

Se resalta que la declaratoria de incompetencia del TSE, contó con el voto disidente de su titular, Román Jáquez, y del magistrado Ramón Arístides Madera Arias, lo que refleja el buen nivel de independencia de criterios que exhiben los miembros de esa corte.

En otra ocasión el TSE emitió una sentencia de anulación de la convención del Partido Revolucionario Dominicano, con el voto disidente de dos de sus cinco jueces, un fallo que provocó controversias y hasta la posibilidad de que los magistrados fueran sometidos a un juicio político en la Cámara de Diputados.

Esta vez la sentencia declinatoria evacuada por esa alta corte tuvo el voto disidente de su propio presidente, pero fue aprobada con la aceptación de tres de sus cinco titulares, clara señal de democracia y de respeto a las decisiones de la mayoría.

La clase política debería entender que las decisiones de los tribunales o de la JCE solo pueden ser enfrentadas por vía de los recursos que la propia Constitución pone a su alcance, y no a través de la retractación o descalificación de las instituciones jurisdiccionales o de sus representantes.

Quienes sostienen la ilegalidad de la resolución de la JCE que estableció una cuarta boleta para la escogencia del senador en 26 provincias y mantuvo el voto de arrastre en otras seis demarcaciones, pueden recurrirla por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y en última instancia ante el Tribunal Constitucional (TC).

Los actores en el complejo proceso electoral tendrán que acostumbrarse al uso de las vías de derecho en todos los estados de causa o cuando consideren que los órganos de competencia han violentado preceptos legales o constitucionales. Esa es la democracia.