COLUMBUS, Nuevo México, E.U. AP. Hace dos años, cuando Angelo Vega se hizo cargo del Departamento de Policía de Columbus, juró que lucharía con fuerza con la fama que había adquirido recientemente este árido pueblo fronterizo: de ser un enclave sin límites al tráfico de drogas y personas, una economía salpicada del dinero del narcotráfico mexicano y un cuerpo policial que había visto el cambio de seis jefes policiales en tres años.

«Este es un nuevo día para Columbus», dijo Vega a la Associated Press al prometer en ese momento que todos los criminales enfrentarían a la justicia a partir de entonces y serían encerrados en la prisión.

El martes, el mismo Vega deberá responder ante una corte una serie de acusaciones federales, como la de haber participado en un ardid para comprar ilegalmente armas en Estados Unidos para enviarlas a México.

El alcalde Eddie Espinoza, el regidor de la localidad Blas Gutiérrez y otros ocho funcionarios enfrentan acusaciones de posesión de armas de fuego y de contrabando, en una acusación de 84 cargos.

Los acusados, quienes presuntamente adquirieron cerca de 200 armas en un período de 14 meses de la firma Chaparral Gnus, en la localidad de Chaparral, están acusados de haber declarado falsamente que compraron las armas para sí mismos, cuando ellos en realidad estaban actuando como prestanombres y las adquirían para otras personas.

La ex alcaldesa de Columbus Martha Skinner afirmó el viernes que este esquema de armas hubiera colocado a toda la población en riesgo.