El pataleo de los partidos políticos contra la redistribución de diputados que establece la Constitución solo confirma el apetito de poder de las grandes formaciones políticas.

Cuando se trata de defender sus intereses echan a un lado sus diferencias, por más antagónicas que parezcan, como ha ocurrido en torno a la decisión de la Junta Central

Electoral (JCE). Los partidos han recurrido a los argumentos más pueriles para buscar que la JCE postergue una resolución que evidentemente los ha tomado por sorpresa.

Esos partidos, que se niegan a transparentar la procedencia de los recursos que invierten en las campañas electorales, tienen el tupé de hablar de transparencia en cuanto a la aplicación de una decisión constitucional.

Avergüenza que partidos que han sido incapaces de aprobar una ley que los regule sean los que protesten contra un mandato constitucional.

La JCE necesita, en este caso, un espaldarazo de todos los sectores habida cuenta que no ha hecho más que cumplir con la Carta Magna