Con la marcha al Palacio Nacional, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación de Clínicas Privadas (Andeclip) no incurrieron en alteración del orden público ni pusieron en peligro la seguridad ciudadana.

Se trató de una marcha pacífica, normal en toda democracia, en rechazo a los patronatos y en demanda de mejoría de las condiciones de los hospitales públicos, así como en reclamo de atenciones a la crisis económica que afecta a las clínicas privadas.

Con el forcejeo, el uso de gas pimienta, macanazos y empujones la Policía incurrió en un exceso innecesario, propio de una conducta represiva que no acaba de ser erradicada.

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La intervención de la Policía fue a todas luces un atropello que demanda no solo condena y sanciones a los responsables, sino la superación de un método repudiable para garantizar el orden público.

Decepciona que en medio de un plan para reformar la Policía los agentes recurran a la violencia para aplacar cualquier expresión ciudadana que no pone en peligro la seguridad ni nada.

La oposición de los médicos a los patronatos es muy discutible, lo mismo que la quiebra de las clínicas denunciada por Andeclip.

Es posible que ni siquiera tengan razón en sus alegatos o temores de que con los patronatos se procura privatizar los centros médicos.

Pero el derecho a manifestarse no es para que se les reprima con acciones tan brutales como las empleadas por la Policía.