Violencia del Estado

Es noviembre, mes propio de reflexión sobre la violencia basada en el género contra las mujeres y las niñas. Aunque solemos pensar que es la que se infringe en el marco familiar o también en la pareja, sin embargo, por la complejidad del fenómeno de estas violencias, dirigidas hacia las mujeres en cualquier etapa de su vida, hoy se conoce una gran variedad de conceptualizaciones para señalarlas.

Cuando se hace referencia a la violencia institucional, es a la que se ejerce a través del funcionariado o autoridades cuando dificultan, retrasan y hasta impiden el acceso de las mujeres y niñas en igualdad de condiciones con los hombres, al ejercicio pleno de sus derechos básicos.

Se trata de una violencia estructural como forma de exclusión y por sus connotaciones, es, además de institucional, una violencia de Estado.

Es que los Estados, además de que no previenen, y mucho menos erradican, la violencia contra las mujeres y las niñas, son generadores ellos mismos de violencia institucional, como establece Amnistía Internacional en “El Estado como reproductor de Violencia contra las mujeres”.

A partir de este concepto, permitir prácticas como el feminicidio, la tortura el aislamiento, muchas veces perpetradas por funcionarios públicos y en contextos de restricciones a la autonomía y libertad ciudadana, es violencia de Estado.

El Estado tiene una doble responsabilidad frente a la violencia basada en el género contra las mujeres, por un lado, debido a los actos cometidos por su funcionariado o agentes que comenten actos de violencia sicológica, sexual o física con las mujeres y las niñas, que no son pocos; y por otro lado, porque no cumplen con su deber de prevenir, erradicar y sancionar las violencias, sin garantizar los derechos de las humanas, negándose a hacer y ejercer políticas de Estado al respecto.

Y el Estado es también responsable por omisión, “cuando no brinda la protección y atención debida a las víctimas, cuando permite la impunidad y también cuando obstaculiza el acceso a cualquiera de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, a través de prácticas discriminatorias y obstrucciones indebidas”.

En nuestro país, la reticencia a terminar las uniones de hombres adultos con niñas y adolescentes, así como la negación de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde el sistema de salud, con su doble moral sobre el aborto ilegal e inseguro que mata a un considerable número de mujeres y niñas, la violencia obstética, la indiferencia sobra la participación de las mujeres, y un largo etcétera, es violencia del Estado contra las dominicanas.

¡Qué el Estado lo sepa!.

Por: Susi Pola susipola@gmail.com