Sectores turísticos de Cabarete del municipio de Cabarete libran una a una importante lucha por la transparencia, contra el manejo turbio de los fondos, contra el caciquismo municipal, jornada que acaba de tener su principal éxito con el envio a juicio de fondo del alcalde Gabriel Antonio Mora Ramirez (alias Canoa) por violación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

El juez presidente del tribunal, doctor Nicolás Severino Saldivar, dispuso la apertura de juicio y la admisión de todos los elementos de pruebas contenidos en la acusación contra Mora Ramírez. La Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA), representada por el licenciado Victor Mena Graveley, quien además es el presidente del Colegio de Abogado de Puerto Plata, ha decidido llevar a los tribunales la queja de los hoteleros inversionistas nacionales y del exterior radicados aquí, quienes han denunciado desde hace años una larga cadena de acciones financieras e impositivas en su contra.

La audiencia del caso tuvo lugar el pasado 28 de mayo y este lunes se publicó la sentencia del magistrado Severino Saldívar, que fue notificada ayer a la Junta Distrital de Cabarete y al Ayuntamiento de Sosúa, del cual depende el Distrito Municipal Cabarete. La querella contra Canoa se originó en una petición depositada en enero del año pasado por la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA), para que el ayuntamiento de la localidad le entregara una serie de informaciones relacionadas con el manejo contable y financiero y sobre diversos contratos de la administración municipal. El señor Mora Ramírez decidió no atender la solicitud, en violación de la ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información pública. El 6 de abril del 2011, el tribunal ordenó a Canóa rendir toda la información pública requerida y le concedió un plazo improrrogable de cinco días para hacerlo. También le impuso una multa (o astreinte) de 2 mil pesos por cada día sin cumplir la orden del tribunal.

El señor Canoa no obedeció la orden de la corte y en mayo del año pasado ADECA presentó una querella penal en su contra por la negativa a cumplir con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, pero la oficina del fiscal de Puerto Plata no tomó ninguna acción, por lo que la entidad decidió emprender acciones como actor civil. La intervención de ADECA ante el juzgado de instrucción de Puerto Plata motivó la celebración de la audiencia preliminar para conocer la petición de enviar a Canoa a juicio por violar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.