Está en Haití, dice el jefe de la Policía. No, está en España, riposta el ministro de Interior. Se trata de un sujeto peligroso, capaz de matar por encargo, consideran todos. La Policía tiene su foto, su acta de nacimiento y sus huellas dactilares. Sabe dónde nació y quiénes son sus padres. Desertó de esa institución donde alcanzó el grado de oficial. Se llama Fernando de los Santos y le apodan La Soga.

Desde octubre pasado se está en su búsqueda, pero los abnegados agentes no dan con él. En la pasada semana las autoridades se orejearon que el periodista Guillermo Gómez, propietario del diario digital El Siglo 21, estaba por salirse de la ley, y de sopetón llegaron tropas élite con armas de todo calibre, fiscales y cuatro helicópteros sobrevolaron el área. Cargaron con equipos y materiales de ese medio y le han impedido su difusión.

Con el mismo ímpetu penetraron a las oficinas del programa de televisión Aeromundo, que produce Gómez, pero no buscaban al teniente La Soga, sino presuntas pruebas de que ese periodista pirateaba direcciones electrónicas de funcionarios del gobierno, de los que se ha denunciado manejan sumas millonarias de dólares, producto de la corrupción.

El referido diario, dirigido por el periodista Radhamés Gómez Sánchez, había anunciado la publicación de una serie de trabajos relacionados con actos de corrupción de funcionarios públicos y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Y el gobierno le creyó. De ahí la acción de brutalidad para impedirlo. No los desmintió, los calló. Al menos temporalmente.

El gobierno peledeísta se había manejado con cierta discreción en el intento de silenciar periodistas. Antes lo hizo mediante la presión financiera y el chantaje a propietarios de medios para que excluyesen a productores de programas que no les son favorables. Pero acciones tan brutas y abruptas como la que comento, no han sido frecuentes. Sólo el cierre de un canal de tv en Santiago es comparable.

A tres meses de las elecciones presidenciales, este hecho permite interpretarse como un intento de amedrentar a miembros de la oposición y a la prensa independiente, ante el reconocimiento de la debilidad del candidato oficial en las preferencias electorales. La detención antojadiza de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, alimenta esta creencia.

Los editores de El Siglo 21 han denunciado grandes actos de corrupción y anuncian otros- atribuidos a funcionarios públicos, pero a las autoridades no les ha interesado investigar la veracidad de las querellas para poner a los autores en su lugar. Han preferido coger el rábano por las hojas, lo que viene a ser como aislar lo fundamental y quedarse con lo accesorio. Olvidan que reprimiendo a quien la denuncia, no se corrige la corrupción.