Los desacatos judiciales fueron uno de esos siniestros sellos que caracterizaron los nefastos 12 años de gobierno del finado expresidente Joaquín Balaguer. Costaba aceptar que cuando se suponía sepultado un pasado de negación y atropellos a los derechos humanos y que se estrena una Constitución calificada como la más progresista de la historia, la oprobiosa práctica volvería a manifestarse de alguna forma.

Pero ahí están los desacatos y, peor aún, con la complicidad del silencio. El procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez, tuvo que ser amenazado con ser sometido a los tribunales para poder ejecutar una sentencia que ordenaba la libertad, no obstante cualquier tipo de recurso, del coronel Pablo Leonel Velázquez Taveras.

Lo que se discute no es si existían pruebas suficientes para ratificar la sentencia que había condenado a 20 años de prisión a Velázquez Taveras, acusado de ser el autor intelectual de la muerte del también coronel José Manuel Hernán Mancebo, ocurrida el 29 de diciembre de 2005, sino la validez del mandato judicial. Cierto es que San Cristóbal ha sido escenario de una confrontación entre el Ministerio Público, que, siempre que pierde un caso, suele atribuírselo a una no probada venalidad de los jueces o a la indulgencia del Código Procesal Penal, y los magistrados. Con todo y que fue condenado en primer grado el caso de Velázquez Taveras no es el único que ilustra la galería de fracasos.

El punto es, sin embargo, si la violación de la sentencia en cuestión marcará el reinicio de una práctica antidemocrática, que en el pasado movilizó a los sectores más comprometidos con el ejercicio de los derechos humanos y las libertades públicas. De no ser así, entonces se impone no sólo un compromiso claro y tangible, que despeje la menor sospecha, sino medidas disciplinarias contra los responsables del desacato judicial.