La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), licenciada Altagracia Paulino, ha denunciado que el cincuenta por ciento de las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) manipulan los medidores de expendio para estafar al público.
Ahora se sabe que la ciudadanía ha sido timada durante años al pagar más dinero por menos cantidad del carburante, mediante artilugios aplicados en las máquinas dispensadoras.
Ante tal escándalo, Pro Consumidor inició un programa de cierre de las instalaciones donde se verifique el fraude y sometimiento a la justicia de los estafadores.
Por vez primera esa institución intenta cumplir con la prerrogativa conferida por la ley 358-05, que incluye proteger la economía de usuarios y consumidores y garantizar que los bienes o servicios adquiridos no atenten contra su salud o seguridad.
La licenciada Paulino denunció también que operadores de envasadoras de gas propano estafan a humildes amas de casa beneficiadas con el subsidio del bono gas, a quienes les roban hasta tres galones de los nueve asignados por ese subsidio estatal.
Es obvio que ante una estafa de tal magnitud, Pro Consumidor está en la obligación de disponer el cierre inmediato de todas las instalaciones expendedoras de GLP donde se compruebe ese vulgar robo, así como traducir a la justicia a los culpables.
El Ministerio Público ha de brindar absoluto respaldo a las acciones que se encaminen para blindar los derechos ciudadanos ante esa descomunal estafa y frente a cualquiera otra violación a los derechos de usuarios y consumidores.
A la población le asiste el deber de respaldar las medidas de coerción que apliquen las autoridades para frenar ese burdo y sucio afán de lucro.
Se aconseja a la licenciada Paulino aplicar la ley con diligencia y fortaleza sin tomar en cuenta a quien se lleve por delante.
El Nacional
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