El Ministerio Publico arrestó al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a un empresario, investigados sobre presuntas irregularidades administrativas en esa institución, así como a cuatro miembros del centro educativo donde estudiaba la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, quien murió ahogada durante una excursión escolar, en Santiago.

La Procuraduría General solicitará medidas de coerción contra el anterior titular de Senasa, Santiago Hazim, y el empresario Eduardo Read Estrella, en tanto que encaminará diligencia similar ante un juez de Santiago contra la directora del Colegio Leonardo Da Vinci, Iris del Carmen Reyes Adames, y otros tres directivos.

El expediente Senasa y el relacionado con el deceso de la niña Stephora han concitado la atención de la población en un mayoritario reclamo de que las autoridades investiguen y precisen posibles responsabilidades penales en ambos casos.

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El doctor Hazim y el empresario Read Estrella fueron entrevistados el sábado durante más de cinco horas, clara señal de la magnitud del caso, mientras que el Ministerio Público ya calificó de homicidio involuntario la muerte de la estudiante Stephora.

La ciudadanía aspira a que a los posibles encartados en el caso por corrupción en Senasa, lo mismo que a los implicados en el expediente del Colegio Leonardo Da Vinci, se les garantice el debido proceso, pleno derecho a la defensa y que se respeten los plazos procesales.

Lo que se reclama es administración de sana justicia, en base al principio de presunción de inocencia y en absoluto apego a un fardo probatorio recolectado de conformidad con lo estipulado en el Código Procesal Penal, sin escarnios de ningún tipo, pero sin debilidades ni privilegios.

El caso Senasa ha puesto al desnudo profundas debilidades o falencias en el Sistema de Seguridad Social, que correspondería al Gobierno subsanar, como también la muerte de la niña Stephora abrió compuertas de un drama de maltrato y exclusión que padecen escolares y menores en conflicto con la ley.

Lo que debería reclamarse en todo momento es que en ambos casos se permita que los intervinientes cumplan con sus respectivos roles: el Ministerio Público y terceros incluidos, el de sustentar y probar los tipos penales que resulten de la calificación preliminar, y de la defensa, que enfrente tales acusaciones en plenitud del ejercicio de sus derechos constitucionales. Y os haréis justicia.