El caso Miranda

La decisión del presidente Danilo Medina de observar totalmente la ley que declara a Loma Miranda parque nacional y su anulación legislativa deja al descubierto el colectivo de estúpidos que integra el Congreso Nacional y surte efecto negativo en la aceptación del mandatario.

Como primera consecuencia en popularidad, el acto rompe prolongada luna de miel de Medina con la población e inicia descendente curva negativa en percepción favorable al gobernante que se mantuvo en niveles estratosféricos al rebasar el ecuador de gestión.

La salida salomónica para esta controversia que alinea a favor de Miranda los mismos sectores que han defendido Bahía de Águilas y Los Haitises, hace que el gobernante quiera estar bien con Dios y con el diablo, en ambivalencia inaceptable.

Extraña que el presidente de la República, tan celoso de su aceptación, dejase que la bola Miranda corriese sin parar hasta extremos y se destapara con el descubrimiento de aspectos aparentemente ignorados por senadores y diputados, reformadores de la Constitución en 2010.

Después de meses de discusiones legislativas y con la ley lista para promulgación u observación, Medina saca una as bajo la manga para oponerse a que Miranda sea parque nacional por sospechas de inconstitucionalidad, inseguridad jurídica y prioridad “previa” en plan de ordenamiento territorial.

A cuatro años de la nueva Carta Magna el mandatario resalta que el artículo 194 dispone la prioridad de la ley de ordenamiento territorial para asegurar “el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales”, pero el Congreso ni él lo tomaron en cuenta al crear el ministerio de Energía y Minas.

Cosas contradictorias de un país poblado por estúpidos aún en taparrabos aborígenes, integrantes de Poder Legislativo gomígrafo de la cúpula política gobernante y subrogado al Ejecutivo al aceptar sus designios para anular ley discutida hasta la saciedad.

Medina debe recordar que preservar Miranda es avalancha.