2017 el año verde contra impunidad

SANTO DOMINGO.- El 22 de enero de este año miles de personas marcharon vestidas de verde por las calles de la capital dominicana para exigir “el fin de la impunidad y la corrupción”, tomando como punta de lanza el escándalo internacional por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht que confesó haber distribuido en el país 92 millones de dólares entre funcionarios y legisladores a cambio de contratos multimillonarios para obras gubernamentales.
El mar de personas que se manifestó ese domingo sobrepasó las expectativas de los convocantes y marcó el inicio de una serie de movilizaciones sociales dentro y fuera del país que han ido desde la recolección de firmas para exigir una investigación independiente del escándalo de sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht, hasta la petición al Congreso de que el presidente de la República licenciado Danilo Medina sea sometido a un juicio político por las supuestas “faltas graves” cometidas en su mandato.
La primera proclama de la Marcha Verde fue: “Cárcel para los corruptos”, recuperación de lo robado, investigación independiente y cancelación de los contratos con la multinacional mafiosa.
Tras la primera marcha, que según los organizadores reunió a unas 100 mil personas, el domingo 5 de febrero el movimiento inició la recolección de firmas en reclamo de que se designaran “fiscales independientes” para investigar el caso de los sobornos en que incurrió la compañía Odebrecht para conseguir la adjudicación de obras en el país.
Los libros fueron dispuestos en todas las provincias dominicanas, en ciudades con concentración de criollos en el exterior y se habilitó una plataforma digital que permitía la inscripción en el Libro Verde.
El 22 de febrero los verdes entregaron a la Presidencia de la República el acta notarial de 312 mil 415 firmas y llevaron al Palacio Nacional cientos de los cuadernos con las firmas físicas.
El domingo 12 de marzo el movimiento inició una nueva forma de lucha pacífica, la Llama Verde, la cual consistió en tres antorchas que salieron de los distantes puntos de Capotillo, en Dajabón; Jimaní, Independencia; y Verón, de La Altagracia, hasta el Distrito Nacional, pasando de pueblo en pueblo. Legaron a su destino una semana después y entregaron las llamas a los capitaleños en un acto artístico y cultural.
El domingo 26 de ese mes en el área monumental de Santiago se concentraron miles de personas de todo el Cibao. En el manifiesto la Marcha Verde expresó su preocupación por la supuesta complicidad del Gobierno y de una parte de la clase política en los escándalos de corrupción, sobrevaluaciones y sobornos, como el caso Odebrecht, los aviones Súper Tucano, el préstamo de la Sun Land, el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), las plantas eléctricas de Punta Catalina y otros.
En abril representantes del movimiento en esa ciudad exigieron la destitución del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, porque entendían él no representaba los intereses del pueblo en las investigaciones del caso Odebrecht.
A mediados de mayo la Procuraduría General de la República recibió de las autoridades brasileñas las informaciones y documentaciones sobre el caso de los sobornos pagados por la multinacional Odebrecht en el país.
Proceso judicial
El 29 de mayo inició el proceso judicial contra los implicados con el apresamiento de 10 de los 14 señalados. Los detenidos ese día fueron Ángel Rondón, acusado de ser el enlace para distribuir los sobornos; los pasados titulares de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) César Sánchez y Radhamés Segura; el abogado Conrado Pittaluga, el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa); Roberto Rodríguez Hernández; el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; Máximo De Oleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid); Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y expresidente del Senado; Ruddy González, exdiputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD); y Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas.
Otro señalado fue el ingeniero Bernardo Castellanos de Moya, quien se encontraba en Panamá. Éste se entregó a principios de agosto cuando regresó al país. Los otros implicados fueron los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, y el diputado Alfredo Pacheco, los cuales no fueron detenidos por su inmunidad parlamentaria.
Algunos de los imputados recibieron prisión preventiva como medida de coerción, pero a la fecha todos están en libertad por la variación de la medida.
Marcha Verde asegura que en el caso faltan sometimientos porque no se incluyeron los relacionados con la supuesta sobrevaluación de las plantas eléctricas de Punta Catalina.
Someter a Danilo
El 16 de julio los verdes volvieron a movilizarse con una concentración nacional en el Distrito Nacional que según ellos reunió cerca de medio millón de personas. En el manifiesto de la caminata que culminó en el Centro de los Héroes pidieron el sometimiento a la justicia del Presidente de la República, a quien acusan de ser responsable de supuestas sobrevaluaciones en las plantas a carbón que construye la multinacional Odebrecht en Punta Catalina, Peravia.
El colectivo, que reúne organizaciones de diferente índole y personas toda clase social, se mantuvo siempre activo con movilizaciones en distintas provincias, como en Baní en agosto y en La Vega en septiembre. El 12 de ese mes protestaron en Santiago por la liberación de Díaz Rua y Rondón.

Dato

Visión de futuro
“Marcha Verde llegará al 2018 con más capacidad de movilización y de impacto, para alcanzar el fin de la impunidad y ayudar a sacar a la República Dominicana del lodazal político es institucional en el que la delincuencia política la tiene sometida”, aseguró el colectivo Marcha Verde, entidad que asegura que sin sus acciones los encartados del caso Odebrecht estuvieran ya libres de toda persecución penal.