Tras el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, los estrategas al servicio del poder imperialista cimentaron el rediseño del sistema político dominicano sobre las debilidades manifiestas en las concepciones políticas de Juan Bosch y sobre las ambiciones y la carencia de principios de los sectores oligárquicos.

Siguiendo las líneas trazadas, entre los años 1963 y 1965, Joaquín Balaguer y el Nuncio Apostólico Emmanuel Clarizio, se pronunciaron por una amnistía sin exclusiones.

Balaguer llamó concordia y amor a la impunidad del delito de Estado, sabiendo que esa propuesta no añadía descrédito a su figura, dado que el derrocado presidente Juan Bosch nunca manifestó desacuerdo con la frase borrón y cuenta nueva ni rechazó el apoyo de personalidades ligadas al trujillismo.

Bien sabía Balaguer que el poder estadounidense entendía necesario unificar la clase dominante y tenía que hacerlo sobre la base de la impunidad. Retomaba una parte del contenido de un discurso que pronunció en noviembre de 1961, cuando Ramfis Trujillo abandonó el escenario político nacional: La Era de Trujillo ha terminado. El momento no es oportuno para responsabilizar a nadie, ni para someter al escrutinio público las faltas irreparables que han dado lugar al desplome de la dictadura.

Balaguer hablaba como cortesano y aspirante al puesto principal en la corte. Monseñor Clarizio, al pedir impunidad (le llamaba amnistía sin exclusiones) hablaba como representante del sector del poder no sometido a escrutinio real o aparente. En esa condición, asumió la tarea de buscar la estabilidad política.

Balaguer y Clarizio eran sustentadores del autoritarismo, no aliados de las mayorías.

La oligarquía toda fue beneficiaria del golpe de Estado, pero sus miembros más retrógrados obtuvieron ganancias económicas negociando con el Gobierno en términos nada limpios (se recuerda, por ejemplo, la frase cuente los Austin, con que el pueblo destacaba la cantidad de autos de esa marca que Donald Reid Cabral le vendió al Estado). Además, mediante el control de empresas e instituciones esos oligarcas reafirmaron su inserción en el sistema haciendo crecer sus empresas.

Al renegar de la Constitución de 1963, el Estado fue despojado de la responsabilidad de proteger la economía popular, y la política de salarios deprimidos se convirtió en recurso válido para acelerar la acumulación de capital y la multiplicación de fortunas.

El proceso de unificación de la clase dominante, coordinado por Joaquín Balaguer cuando fue instalado en el gobierno por los interventores (tras las manipuladas elecciones de 1966), convirtió a la oligarquía en una estructura que se adapta a los requerimientos del proyecto imperialista, se sirve de los políticos entreguistas y aplica burdas formas de despojo y de sobreexplotación Agente del atraso político y de la dependencia En pasado y en presente