¿Qué ocurrió en el transcurso de estas semanas que provocara la dramática metamorfosis de un excelente proyecto de ley de salarios públicos en un adefesio jurídico? ¿Cómo es posible que casi 2 centenares de personas, que presumíamos racionales, pudieran pasar de ser unos monigotes que levantan manos para votar sobre cosas que no saben, a de repente comportarse como monos embriagados por la ilusión de un poder que en realidad no tienen? La respuesta posiblemente nunca la sepamos, pero una vez baje el polvo sobre este tema, quedará ponderar una de dos cosas: o nuestros senadores y diputados torpedearon el proyecto adrede con el propósito de hacerlo inconstitucional e imposibilitar una regulación racional de los salarios del sector público en el mediano plazo, o en el Congreso Nacional están todos locos.

El proyecto excluía a los órganos y entes previstos en la Constitución, los organismos autónomos y descentralizados de naturaleza financiera y los órganos del ámbito militar y policial. Hacer lo contrario sería inconstitucional.

Lo que abunda en ese proyecto más que los chismes que provocaron las desviaciones, son sus vicios constitucionales. Pisotea la separación de poderes, violenta las autonomías, la igualdad de tratamiento entre las empresas públicas y privadas, la razonabilidad de las leyes, la no delegabilidad de funciones de los Poderes del Estado, y es tan absurda que hasta viola el principio del mismo artículo 144 de la Constitución que pretende hacer cumplir, al realizarse como una ley ordinaria y no orgánica como procede. Y esto, para citar algunas entre muchas incongruencias.

Un ordenamiento de los salarios del Estado es necesario para hacer más eficiente la función pública. Pero el primer paso es comprender qué es el sector público y cuáles entidades lo conforman, algo que nuestro Congreso o desconoce o prefiere ignorar, para favorecer una escala salarial tirada al ojo por ciento en base a lo que su pobre educación democrática estima son los rangos de los distintos poderes del Estado.

Pero lo llamativo no es la actitud de los congresistas, personas cuyos cargos derivan del único talento de caer en gracia con la cúpula de un partido. Lo curioso es la falta de acción del ministro de Administración Pública para defender su proyecto, que no tenía contradicciones con la Constitución.

La calidad cuesta, y en el sector público hay que pagarla para mitigar el riesgo de errores en el desempeño de ciertas funciones cuyos costos pudieran ser excesivos para el Estado.

El Congreso se despacha, por ejemplo, con este adefesio jurídico, y solo costará un recurso de inconstitucionalidad remediarlo; el Banco Central comete un error en su política monetaria y al Estado le costaría millones. Por eso a los técnicos se les contrata y a los políticos se les elige, ambos reciben una paga, pero es evidente cuál de ellos tratará de ser más responsable.