En un sondeo entre los lectores de El Nacional digital, el 96% consideró injusto que se pensione un funcionario con 651 mil pesos al mes y un 4% lo consideró correcto.

El escándalo sobre los elevados montos de pensiones a funcionarios de instituciones descentralizadas del Estado la desató la del exsuperintendente de Bancos y ahora contralor general de la República, licenciado Haivanjoe Ng Cortiñas con esa suma. Por la presión social dejó sin efecto la pensión.

Se dice que en otras instituciones autónomas del Estado como el Banco Central se pensionaron funcionarios con altos salarios, pero eso se ha quedado en archivo.

Las pensiones lujosas de funcionarios del Estado han ocasionado una repulsa de todos los sectores, especialmente de los legisladores que han planteado la posibilidad de someter una ley de revisión de las jubilaciones de los servidores públicos.

El Congreso Nacional aprobó una ley que establecía un tope para los salarios de los funcionarios de las instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, pero fue observada por el doctor Leonel Fernández el 15 de agosto, un día antes de entregar el poder.

La observación ocasionó sorpresas, debido a que el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, había dicho que esa iniciativa fue consensuada con Fernández y el presidente Danilo Medina.

En otro muestreo en el mismo sentido, el 98% de los lectores apoya que revisen esas pensiones.

Cientos de obreros cañeros calificaron como un abuso que se pensionen a funcionarios con cientos de miles de pesos, mientras ellos tienen años luchando para que les otorguen una de 3 mil pesos mensuales.

El senador del PLD por Santiago, licenciado Julio César Valentín, dijo que las pensiones deben hacerse sobre la base de salarios mínimos.

Es un crimen que un infeliz con más de 30 años de servicio ininterrumpidos en la Administración Pública se pensione con cinco o diez mil pesos y un funcionario con un par de años, más de medio millón. Esa barbaridad hay que corregirla, subrayó.

Unicameral

En otro sondeo, el 79% de los lectores de El Nacional digital apoya la propuesta del senador Valentín de que se reforme la Constitución para que el Congreso sea unicameral. El 21% la rechaza.

Valentín argumenta que es una pérdida de tiempo y dinero un Congreso Nacional con dos cámaras en la República Dominicana.

Entiende que esa división del Congreso en dos cámaras corresponde a naciones con gobiernos federales como son los casos de Estados Unidos y México.

Sostiene que durante años República Dominicana ha tenido un sistema bicameral que luego se modificó sin corresponder a las necesidades del país.

Esa opinión de Valentín fue rebatida por Pared Pérez y el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, quienes la consideran antidemocrática.

Ambos coinciden en que las dos cámaras permiten enmendar cualquier error que una de ellas pueda cometer en la aprobación una determinada ley.

Reforma fiscal

El 75% de los lectores de El Nacional no cree que con la nueva reforma fiscal se apretará a los ricos, en tanto un 25 % piensa que sí.

Los funcionarios del área económica del Gobierno han planteado que se suba de un 13 a un 15% la presión tributaria que consideran una de las más bajas en América Latina.

Pared Pérez consideró insólito que en una nación pobre como República Dominicana la presión tributaria sea de un 13% y en la casi totalidad de Latinoamérica supere el 20%.

Los empresarios alegan que la presión es superior al 18% con los impuestos disfrazados que cobra el Gobierno.

Las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) han precisado que un acuerdo tendría necesariamente que revisar los impuestos que se cobran.

Los empresarios se oponen a la creación de nuevos impuestos, alegando que provocaría mayor inflación y que la ciudadanía no está en capacidad de pagar más cargas.

Los empresarios entienden que con la reducción del gasto corriente, un plan de austeridad y un cobro más efectivo de los impuestos, el Gobierno podría obtener los recursos que necesita para enfrentar los problemas económicos.

Sin embargo, se ha filtrado que el Gobierno habría acordado con el FMI aumentar un 20% la tarifa eléctrica.

Los empresarios se oponen a que se eliminen las exenciones que se les otorgan, porque alegan que se les conceden para poder competir con sus homólogos de naciones centroamericanas.

Senadores y diputados del PLD entienden que deben eliminarse los 118 mil millones de pesos que el Estado otorga anualmente en exenciones a los empresarios.

Consideran que todos los sectores deben sacrificarse y que los empresarios no pueden estar al margen.

UN APUNTE

Ley fue observada

La Ley General de Salarios que buscaba establecer un tope en los ingresos que devengan mensualmente los funcionarios de empresas descentralizadas fue observada por el entonces presidente Leonel Fernández, a pesar de que había sido consensuada en su partido.