La campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo enfila hacia su último mes, por lo que candidatos y partidos arrecian la marcha proselitista en intenso esfuerzo por alcanzar la mayor cuota de adhesión entre un electorado que unas veces se muestra muy solícito y otras, escéptico.
Contrario a la contienda municipal de febrero, matizada por marchas y caravanas, los postulantes recurren ahora con mayor profusión a medios de comunicaciones convencionales y redes sociales para difundir sus mensajes, lo que permite a votantes obtener mayor información sobre sus planes y promesas.
Por primera vez, los principales candidatos presidenciales acuerdan participar en un debate público para confrontar visiones y propuestas sobre temas esenciales de la agenda nacional, una práctica útil y sana que se replica entre postulantes alternos y aspirantes a cargos congresuales.
Aunque la oposición insiste en acusar al litoral oficial de usar recursos del Estado para obtener ventaja en la campaña electoral, es ínfimo el riesgo de que arda Roma durante los 31 días que restan de proselitismo, pero convendría que ante esa acusación, el Gobierno asuma la máxima referida a la mujer del César.
Es previsible que los candidatos presidenciales activen su participación en caravanas y otros actos masivos, por lo que se requiere que se active la mesa de coordinación de actividades para que nunca coincidan en una misma demarcación muchedumbres de banderías contrarias.
El liderazgo político está compelido a preservar la integridad de la Junta Central Electoral (JCE), aunque es al pleno de ese árbitro de la contienda a quien corresponde actuar con firmeza y apego a la ley, en prevención de crisis de reputación que debilitarían su imprescindible rol de imparcialidad.
Al Tribunal Superior Electoral (TSE) le corresponde, no sólo interpretar y aplicar la ley, sino también diferenciar un conflicto jurisdiccional de otros de naturaleza política que deberían abordarse al interior de los partidos, más aun si el bien jurídico de una sentencia se convierte en un problema político mayor.
JCE, Gobierno, liderazgo político, sociedad civil y electorado tienen el compromiso de trabajar arduamente para que el 19 de mayo se celebren elecciones libres, limpias, transparentes y concurridas, cuyos resultados, cualquiera que fueren, reflejen libérrima voluntad de la población y la fortaleza de la democracia dominicana. A eso se aspira.
