Con las trabas que implicarán el informe de tráfico de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el creciente déficit fiscal y el agotamiento de los fondos para el subsidio eléctrico, estamos a una aguja de distancia de que nos explote la crisis en la cara, todo a pesar de que fueron eventos perfectamente previsibles.

La dejadez con la que siempre se ha tratado el tema del tráfico de personas hacia y desde República Dominicana, más temprano que tarde iba a resultar en lo que estamos viendo hoy. La respuesta al flujo de personas que entran desde Haití ha sido durante décadas cruzarnos de brazos y esperar que Francia o Estados Unidos resuelvan, como si fueran esos países los afectados.

Las mafias en ambos extremos del país, las que facilitan la entrada de haitianos y las que organizan los viajes en yola, se consideran casi institucionalizadas y hasta protegidas por las mismas entidades llamadas a desarticularlas. Ante esa realidad, es sólo natural que se nos considere como un país que alienta y se lucra de este tipo de acciones, y que en efecto seamos sancionados por ello. Esta nos la ganamos.

La sanciones económicas que van a resultar de este informe y su impacto en la capacidad del país de poder acceder a financiamiento por parte de inversionistas extranjeros se mezclan con el creciente déficit fiscal.

Con la reducción notoria de las remesas y el turismo desde Estados Unidos y Europa, que se van a acentuar en los próximos meses por la crisis de deuda soberana, el Estado va a depender casi exclusivamente del consumo interno, que en la actualidad evidencia el asfixiamiento que justifica al déficit fiscal.

Ante esta situación pareciera que la salida más sensata es una reducción de los gastos del Estado, pero esta iniciativa muere a los pies del subsidio eléctrico que se va a terminar comiendo lo poco que se logre sacar.

Estamos al borde de una catástrofe económica y el gobierno debe responder de manera decidida si espera preservar la estabilidad que le ha llevado a ganar las últimas cuatro elecciones.

Se beneficiaría mucho el presidente Leonel Fernández si da la cara al país y explica con lujo de detalles exactamente sobre cuál pie estamos parados, e inmediatamente traza la hoja de ruta que necesariamente debe significar amplios recortes de gastos y la privatización del sistema eléctrico. Para resolver lo del informe del Departamento de Estado solo hay que apresar a dos o tres y se hace el bulto como siempre se ha hecho.

Pero los recortes deben ser masivos, definitivos y estructurales. No me hablen de gasolina de yipetas, ni de apagar bombillos, háblenme de recortar Ministerios y programas enteros, unificar los estamentos sectoriales duplicados, e iniciar el reordenamiento territorial para eliminar gobernaciones, municipios y distritos municipales.

Y estamos justo en el momento, aún faltan dos años para las elecciones presidenciales y en teoría el actual mandatario no va a postularse en el 2012, por lo que no hay nada que perder a nivel político de estos recortes, y sin embargo sí que hay mucho que ganar de lo que sería la reforma del Estado más importante en los últimos 100 años.

Será eso, o que explote la burbuja en nuestras caras.