Susi Pola

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En septiembre de 2008, decía el Secretario de Estado de Interior y Policía de entonces que se habían producido unos 1,440 asesinatos, de los cuales 397 fueron cometidos por delincuentes y 943 por ciudadanos comunes, lo que indicaba que los verdaderos delincuentes son menos letales que los ciudadanos comunes.

El funcionario lamentaba entonces, que las víctimas fueran jóvenes de 18 a 34 años, en un 58.4%; los ejecutores hombres, en un porcentaje de 92.6%, frente al 7.4% de mujeres que matan; y que el 66% de las muertes violentas, fueran producidas con armas de fuego portadas ilegalmente.

Al explicar como la situación obligaba a adoptar mayores medidas sobre el control de armas, reducir espacios nocturnos y realizar una campaña nacional sobre la violencia, el entonces coordinador del Plan de Seguridad Democrática, decía que debía dársele una solución al peligro en que vivía la juventud masculina de nuestra sociedad, para lo que la Policía, el Ministerio Público, las instituciones del gobierno y la sociedad, debían adoptar medidas para bajar esos niveles de violencia.

En ese momento, las autoridades, reconocieron que la violencia es masculina, que está armada con permiso legal, que es joven y menos delincuente de lo que se cree, pero saberlo no modificó en nada el abordaje del problema. Y no se asesoraron en materia de género y siguieron minimizando las posibilidades de la experticia en esa materia, a pesar de los resultados de la investigación.

Al igual que hoy, la justicia en general y sus instituciones represivas en particular, tienen dificultades para identificar las diferencias entre las violencias criminales comunes y las que son resultado del poder ejercido por los hombres sobre las mujeres, lo que impide a su vez, el reconocimiento de medidas adecuadas de prevención.

Y el Plan de Seguridad Democrática, sigue sin relacionar las temáticas de género y seguridad, a pesar de que las Naciones Unidas hace años que han adoptado resoluciones que incluyen el concepto de género en el ámbito de la paz y la seguridad.

¿A quién le importan los feminicidios que matan en los barrios pobres y en los ricos, en escenarios cada vez más insospechados y crueles, dejando un dolor ampliado hacia hijos e hijas, padres y madres, y mutilando a toda la sociedad? Las autoridades siguen actuando en masculino, sin enterarse de que la transversalidad del género, entendida y aplicada, haría la diferencia.

A la Comisión de primer orden gubernamental, creada para la Seguridad Democrática en Santiago, el Poder Ejecutivo debe incluirle al Ministerio de la Mujer, quien debería transversalizar la perspectiva de género en las estrategias de prevención que se monten. De lo contrario, ni es segura ni es democrática la medida!