La historia terminó por donde debió comenzar, un ejercicio dialogante que concilió lo ideal con lo posible, como ha ocurrido con las instrucciones dadas por el presidente Leonel Fernández para que el aumento consignado a la educación en el Presupuesto Nacional de 2011, se aumente de 5 mil 400 a 10 mil millones de pesos.

Un movimiento como el de las sombrillas amarillas, que ha tenido como mérito el de convertirse en la primera iniciativa cívica que impulsa un reclamo a favor de la educación o la cultura, devino en una contaminación de intereses políticos, mediáticos y corporativos, cuyos mentores, más que el cuatro por ciento, reclamaban la cabeza del Presidente.

Del lado del Gobierno hubo un tratamiento inadecuado a ese reclamo, irracional, pero ascendente, que en vez de ser abordado con con razón, con ventaja y sin sobrepasarse fue enfrentado con cierto dejo de prepotencia o petulancia, que en vez de agua agregó combustible al fuego.

Dije y lo repito que el presidente Fernández simpatizó desde un principio con las sombrillas amarillas, pero nunca se creyó convencido de que la fórmula infalible habría de ser a más dinero mejor educación, por lo que sugirió que se agregara un ejercicio reflexivo sobre la calidad.

Poderes fácticos, cuyos líderes o representantes conocen muy bien del interés del Presidente por impulsar la educación, procuraron presentarlo como un gobernante insensible al tema de la escolaridad.

Dirigentes de Coalición por una Educación Digna, sostuvieron el miércoles un encuentro definido como armonioso y abierto con el Presidente, durante el cual se anunció el incremento de diez mil millones de pesos en la asignación presupuestal a la educación, así como la convocatoria de un foro para consensuar un aumento gradual hasta llegar al 5.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Nadie con juicio se opone al reclamo de un 4% del PIB para la educación, pero no se puede pretender que se consignen 40 mil millones adicionales, cuando el 70% de los ingresos cubrirá servicios de la deuda externa, salarios y transferencias al Banco Central y al sector eléctrico.

Cuando se vincule recursos con calidad de la enseñanza, la ciudadanía y los actores del sector educativo podrán explorar múltiples posibilidades para impulsar una auténtica revolución educativa, cuyo financiamiento se sustente, como en las naciones del primer mundo, en una justa presión tributaria.

Con el anuncio de un razonable incremento de la partida a educación y su compromiso personal de convocar a la comunidad educativa para fijar como meta el 5.5% del PIB, Fernández ha logrado evadir el cerco que le tendieron sectores que usaron la campana del 4% como chinchorro para intentar atrapar a tan preciada presa. Dirán que otro día será.