La crisis eléctrica se parece mucho a un rompecabezas que, al tratar de armarlo, siempre faltan fichas que alguien esconde o no quiere buscar, porque de otro modo no se explica que esa industria se convierta en barril sin fondo por donde se ha ido todo el dinero del programa Petrocaribe y centenares de millones de dólares del Presupuesto Nacional que han debido ir a áreas productivas.

Se agotó ya la apropiación de 350 millones de dólares insertos en el Presupuesto de este año para ser transferidos a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el Ministerio de Hacienda tendrá que aprovisionar al menos otros 300 millones para conjurar el monto del déficit operativo de ese sector.

Para aprovisionar ese faltante, el Gobierno tendrá que recurrir a los 130 millones de dólares que ingresarán por la venta de las acciones de Refidomsa y reducirá en un 20% las partidas presupuestarias de instituciones del Gobierno Central, entre otras medidas no menos dolorosas.

Lo penoso es que ese sacrificio no resuelve la añeja crisis del sector eléctrico, porque el problema, más que financiero es estructural. Esa industria ha sido diseñada de tal manera que un sector (generador) siempre gana y el otro (distribuidor) siempre pierde.

El vicepresidente de la CDEEE, licenciado Celso Marranzini, realiza un ingente esfuerzo, pero un paciente en coma no se recupera con paños tibios o con el abordaje a uno solo de sus muchos males.

Presionado por el Fondo Monetario, el Gobierno tendrá que buscar por lo menos 350 millones de dólares adicionales para conjurar la deuda de CDEEE con las generadoras, pero a la vuelta de unos meses, el problema será igual o peor, como ha sido en el pasado.

Tiene razón Marranzini al señalar que el robo de energía es un problema serio que impide el relanzamiento del sector eléctrico pues, agrego yo, de la energía servida solo se cobra un 55%, lo que genera un déficit anual de 726 millones de dólares.

Pero también debe decirse que el sistema opera con un sobrecosto por pago a generadores sin capacidad disponible, sobre indexación de combustible, intermediación en compra y venta de energía, pérdida por venta de energía en el mercado spot e incumplimiento de la orden de mérito en el despacho, que asciende en conjunto a 424 millones de dólares anuales.

El cobro de energía servida por las distribuidoras es punto esencial, pero no el único para la recuperación del sector, pues también se requiere eliminar el sobrecosto de producción. Si eso no ocurre, se tendría que elevar el índice de cobro a un 97, o aumentar la tarifa a casi 35 centavos de dólar el kilovatio, lo que provocaría una situación de ingobernabilidad.

Ha llegado el momento de olvidarse del miedo y de intereses y meterle mano al Acuerdo de Madrid y a los contratos viles y leoninos en el sector eléctrico, aunque el país quede a oscuras o se incendie por los cuatro costados.