El anuncio de que el Gobierno enviará al Congreso algunos proyectos de leyes para reducir privilegios tributarios y modificar formas de cobro del Itebis ha despertado un avispero en el sector empresarial y en la oposición política.

Gremios empresariales alegan que esa iniciativa reduciría la competitividad y desataría una espiral inflacionaria, en tanto que el PRD sostiene que se trata de una reforma fiscal mediante la cual el Gobierno procura agenciarse diez mil 500 millones durante el segundo semestre de este ano.

El fisco deja de percibir unos 104 mil millones de pesos que se desvanecen en exenciones y exoneraciones al sector productivo, cuyo monto solo sería afectado por las medidas anunciadas en un tres a un cinco por ciento, es decir, en menos de cinco mil millones de pesos.

Durante el primer semestre, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 7.5%, la economía generó 150 mil empleos, y la inflación acumulada apenas superó el 5%, lo que quiere decir que la política de reactivar la economía a través del incremento del gasto público ha tenido éxito.

Sucede que el déficit del sector eléctrico, que en principio se calculó en 390 millones de dólares, será en realidad de más de 700 millones, por lo que el gobierno ha tenido que extraer el 20% de las partidas presupuestarias de los ministerios, con excepción de Educación, para poder completar los US$350 millones restantes.

El acuerdo Stand by con el Fondo Monetario Internacional limita el financiamiento presupuestal con crédito externo o interno a 115 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 50 mil están destinados al servicio de la deuda externa, lo que sitúa el déficit fiscal en unos 65 mil millones, 2,7% del PBI, como se estipula en ese convenio.

Si se quiere mantener el programa de recuperación de la economía, el gobierno debe procurar a la menos reposición de los recursos que hubo de dirigir a conjurar el déficit del sector eléctrico, otro mandato del acuerdo con el FMI, hay que identificar nuevas fuentes de ingresos, sin aplicar impuestos adicionales.

El mundo no se va a acabar, si de los 108 mil millones de pesos en privilegios tributarios al sector empresarial se extraen menos de cinco mil, más aun si se procura erradicar una iniquidad como las exoneraciones de combustibles a empresas mientras los ciudadanos pagamos 50 pesos de impuestos por cada galón de gasolina o gasoil que se adquiere.

Donde la puerca tuerce el rabo es en el propósito oficial de modificar la ley del Itebis (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industriales y de Servicio) para que el 16% de ese tributo a bienes importados sea cobrado en las Aduanas. Por esa vía, el fisco recuperaría más de 20 mil millones de pesos que hoy van a parar a los bolsillos de comerciantes e industriales. Ahí es que está el asunto.