El presidente Danilo Medina ha removido otro peñasco de percepción de pesimismo y desazón al aclarar que el decreto que prorroga restricciones en la ejecución de las partidas presupuestarias de instituciones oficiales no implica aplicación de un programa de austeridad, sino control fiscal en procura de evitar dispendio en el Gasto Público.

Tan pronto se anunció el decreto que mantiene la prohibición a los funcionarios y dependencias oficiales de adquirir carros o yipetas de lujo, usar a su antojo tarjetas de crédito, abultar nóminas, disponer erogaciones sin las apropiaciones correspondientes o distribuir costosos regalos a cargo del erario, se mercadeó el discurso de que el Gobierno cerraría el año con un férreo régimen de austeridad.

Lo único malo que tiene el decreto que prorroga esas restricciones, aplicadas desde agosto de 2012, es que emplea la palabra austeridad, que maliciosamente ha sido asociada con la falsa percepción de que la administración del presidente Medina carece de capacidad financiera para emprender o continuar con iniciativas vinculantes con el desarrollo y la equidad social.

Desde el litoral oficial se llegó a decir que el Plan de Austeridad fue prorrogado porque no se lograron las previsiones de ingresos fiscales estimadas en la formulación del Presupuesto General del Estado 2013, por lo que se requería apretar el cinturón para reducir el déficit fiscal a un 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Nada obliga a cambiar la bitácora de la economía, desde el horizonte del crecimiento hacia peñascos de una repentina austeridad y cesación de pagos.

Aquí no hay austeridad, aunque no agrade a muchos la prohibición de que compren con fondos públicos costosas canastas navideñas o sean emprendidas obras y programas que carecen de la debida provisión de fondos o que se impida que funcionarios de primera o última categoría adquieran con dinero del erario vehículos de lujo o que se pasan día y noche disfrutando de la buena vida en lujosos restaurantes o viajando con recursos de los contribuyentes.

Austeridad se aplica en España y Grecia, donde se cierran hospitales, se pospone la jubilación y se reduce drásticamente el personal de la administración pública, porque los recursos no alcanzan para sostener al otrora Estado de bienestar social,

Aquí no hay austeridad, porque no se ha cancelado el programa de construir al menos dos plantas de 300 megavatios cada una. Tampoco el de completar el corredor Duarte, o el de construir la carretera Cibao-Sur, el de ampliar la segunda línea del Metro, ni el de continuar con la asistencia crediticia y técnica a pequeños y medianos productores.

No nos vamos a morir en la víspera. No hay necesidad de adelantar ningún funeral.