El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su trato con países en vía de desarrollo, vuelve a su rol de verdugo. En su relación con República Dominicana, ha girado de patrocinar un programa anticíclico basado en inversión pública, a aplicar un sobreajuste en 2010 que asfixia al Gobierno.

Tras la firma de un acuerdo Stand by, en octubre del año pasado, ese gendarme autorizó 50 mil millones de pesos en financiamiento al Presupuesto General del Estado, y el Gobierno inició un formidable programa de obras públicas. Ese año el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3.5%, la más alta tasa en el continente.

El monto de financiamiento bruto en el presupuesto de 2010 asciende a 115 mil millones de pesos, de los cuales unos 68 mil millones se consignaron al pago de la deuda, por lo que el endeudamiento neto es de 48 mil millones, poco más de mil cien millones de dólares, lo que representa un déficit fiscal equivalente al 2.6% del PIB.

En los últimos seis meses el FMI ha obligado al Ministerio de Hacienda a traspasar al Banco Central 10 mil 500 millones de pesos adicionales para el programa de recapitalización de esa institución, que sumarían ahora 14 mil 500 millones.

Como si eso fuera poco, el verdugo asestó otro hachazo al reclamar una transferencia de once mil 500 millones de pesos a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales para cubrir un faltante de 300 millones de dólares en ese barril sin fondo. Hubo que reducir casi a nada las partidas de los ministerios.

No conforme con ese sangrado, el FMI ha exigido que el déficit fiscal se reduzca en 2011 de 2.4% a 1.6% del PIB, lo que significa un recorte neto de 18 mil millones de pesos, en razón de que el monto bruto de financiamiento se reducirá de 115 mil, en 2010 a sólo 97 mil millones.

El FMI actúa con crueldad cuando anuncia que aprobó crédito por 250 millones de dólares al Gobierno para aliviar las cargas que significan las transferencias presupuestales al Banco Central, que será en 2011, de unos 18 mil millones de pesos, y a la CDEEE, que en el menos de los caso sobrepasará los 11 mil millones.

Tal y como afirma el ministro de Hacienda, es un préstamo virtual, pues cuando ingrese al presupuesto, el Gobierno tendrá que desistir de crédito por la misma suma, dado que no puede sobrepasar el tope de endeudamiento del 1.6 del PIB o 97 mil millones de pesos.

El Gobierno apenas tiene recursos para pago de nómina y adquisición de insumos básicos. Para el 2011, será peor, pues las deudas con la banca que generan suplidores y contratistas para no paralizar las obras, tendrán que ser resarcidas en el primer trimestre del año entrante.

El FMI aprieta el pescuezo de una República cuyo Gobierno deberá invocar el principio jurídico de que nadie está obligado a lo imposible.