El doctor Euclides Gutiérrez Félix demandó por ante los tribunales de la República a una colega que divulgó por televisión reportajes que el querellante consideró que atentaban contra su buena fama.

Al hacer uso legítimo de una vía de derecho, Gutiérrez Félix no incurrió en violación a la libertad de prensa, aunque se cuestionó que advirtiera mediante acto de alguacil a anunciantes abstenerse de patrocinar el programa de esa periodista. Decenas de notables y notorios comunicadores firmaron un documento en el que se acusó al gobierno de hostigar a los periodistas como nunca antes se había visto, aunque, por la intervención de algunos firmantes, se evitó tirar a los pies del mandatario el asesinato del periodista José Silvestre, a manos del narcotráfico.

La mayoría de esos apreciados compañeros nada dijeron cuando Julio Martínez Pozo y Marino Zapete fueron apresados y zarandeados por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, ni cuando un empresario de San Francisco de Macorís fue desalojado de una cabina de radio, o cuando locutores de Montecristi fueron hostigados por promover una competencia electoral entre un candidato y el demonio.

Tampoco se alarmaron cuando un mandatario instruyó en público al jefe de la Policía (quien fue a la montaña a cumplir la orden) para que apresara a un campesino de la sierra que dijo que en su comunidad no llegaba el agua.

La historia se repite con el caso de un coronel de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), de quien se dijo amenazó a cuatro periodistas con incluirlos en un expediente de drogas si intentaban obtener información sobre un decomiso de cocaína en Las Américas.

Una comisión integrada por oficiales de la DNCD y el doctor Vicente Estrella, a nombre del Colegio de Periodistas, determinó que ese oficial no incurrió en la amenaza criminal que se le imputó y los periodistas supuestamente amenazados solo reprocharon que él no colabora o es obstáculo en su trabajo como reporteros.

Se llegó a criticar que el oficial de marras había sido trasladado a otro aeropuerto, como si lo que se deseaba era la lapidación o que lo enterraran vivo.

Tanto celo por la libertad de prensa no se ha manifestado entre esos apreciados colegas con los casos de la joven periodista maltratada físicamente por espalderos de un candidato, ni por el de otro reportero que renunció al noticiario donde trabajaba porque se le quiso imputar ocultamiento de un vídeo donde se observa mal trato a un reportero por esa misma gente. Ojalá que sí mencionen el caso de un camarógrafo en Santiago golpeado por agentes de la DNCD.

Insisto en la necesidad de que todos los que abiertamente participamos de preferencias electorales o aquellos de militancia vergonzosa, hagamos un esfuerzo para no exhibir las enaguas.