El precio del barril de petróleo superó la barrera de los cien dólares, lo que significa que de nuevo se enciende la luz roja que advierte que sobre la economía dominicana se ciernen peligros mayores y urge blindarla ante el inminente paso de otro huracán de crisis financiera global, esta vez originado en la inestabilidad política en Poniente de África y Levante de Oriente.

Los pronósticos sobre niveles de precios del crudo oscilan entre los 150 y 300 dólares, entre lo trágico y lo peor, para economías como la nuestra, muy dependiente del mercado de Estados Unidos, inmerso en una crisis.

La semana pasada, el presidente Leonel Fernández previno a la nación sobre el impacto devastador que tendría para las finanzas nacionales la escalada alcista del petróleo y de materias primas básicas de origen agropecuario, como el maíz, trigo y sorgo y advirtió que la economía no tendría cómo reaccionar en caso de que el precio del carburante se infle a 300 dólares el barril.

El mandatario abordó tan lúgubres premisas con su gabinete económico, y convocó al Consejo de Ministros para definir las medidas de prevención, basadas en ahorro y control del gasto público.

A pesar de la advertencia presidencial y de los nubarrones que ya se avizoran, la ciudadanía no se reputa como enterada y el sector productivo presiona para que se atisbe la carga hacia un solo lado, sin reparar en el riesgo de que la nave se hunda si se ladea por falta de equilibrio.

Uno de los líderes gremiales advirtió que el sector productivo no aceptaría ninguna iniciativa que pueda afectar la competitividad empresarial, con lo cual se adelanta objeción a la revisión de las exenciones, exoneraciones y otros gastos tributarios, ascendentes a 104 mil millones de pesos anuales a favor del empresariado.

Ojalá que para garantizar esa mentada competitividad, no se le ocurra a alguien pedir que se sacrifique la inversión en el Programa Solidaridad, que representa 24 mil millones de pesos, porque sería como enseñar al burro a no comer, en la seguridad de que se moriría de hambre.

El Gobierno está obligado a enseñar con el ejemplo y aplicarse a sí mismo un torniquete que impida el gasto superfluio y el dispendio de combustible, aunque a la sociedad toda está compelida al ahorro y a la moderación, si se desea que la economía sobreviva al paso del ciclón que se ha formado en África y Oriente.

La clase política no debería montar un carnaval o mercado de pulgas con intención de sacar provecho a tan aciagos momentos, aunque es su deber promover un debate transparente y responsable en torno a las medidas a tomar para disminuir el previsible impacto negativo de la renovada crisis global, que puede significar un frenazo al crecimiento y generar más pobreza y desempleo.