La sola decisión de reducir el gasto público en un 12% significa un ahorro de 23 mil millones de pesos (el 1.8 % del Producto Interno Bruto), dos décimas por encima del monto del déficit fiscal proyectado para este año, de 1.6 % del PIB, lo que debería servir como ejemplo de que el Gobierno está decidido a apretarse el cinturón.

Otras medidas anunciadas el jueves por el presidente Leonel Fernández, como el ahorro de energía, no iniciar la construcción de nuevas obras públicas, suspender exoneraciones de Aduanas y del Itebis en el sector público, representan ajuste adicional por casi tres mil millones de pesos.

La magnitud del impacto sobre la economía del alza en los precios del petróleo y las materias primas básicas, obliga al Gobierno a cerrar casi todas las compuertas del gasto y a frenar de golpe el ritmo de sus aportes al crecimiento de las actividades productivas.

El programa de mitigación de pobreza, que representa 23 mil millones de pesos en 2011, además de blindado, ha sido ampliado con la inyección de más recursos para instalar plazas agropecuarias y para asistir a pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios.

Con el alza del petróleo por encima de los cien dólares el barril, el Gobierno tendría que transferir al sector eléctrico 700 millones de dólares adicionales a los 350 consignados en el Presupuesto.

Se requiere, además, transferir al Banco Central 17 mil millones de pesos en cumplimiento de la ley de capitalización de esa institución, lo que significa una reducción real de 42 mil millones de pesos, si se agrega la reducción de un 12% en el Gasto Público, sin incluir, por supuesto, los más de mil millones al barril sin fondo de la industria eléctrica.

Ante un cuadro desolador como la crisis económica global de 2008, el sector privado está compelido a renunciar a su protagónico papel de Caperucita Roja, a la que el lobo gubernamental se quiere comer, porque la iniciativa privada tendrá que aprender a caminar por sus pies.

Amargo es recordar el episodio de los mil 200 millones de pesos otorgados en crédito a 32 empresas de zonas francas, con aval del Estado, para afrontar la quiebra del sector durante la crisis de 2007, los cuales el Gobierno tuvo que pagar casi totalmente, con intereses y todo.

Una sola empresa está al día en sus obligaciones, mientras las demás nunca pagaron un centavo, por lo que la banca comercial activó la garantía ofrecida por el Estado a través de Cartas de Crédito, en lo que constituye un abuso incalificable por parte del mentado sector privado.

La triste historia de historia de Caperucita Roja y Lobo Feroz debe ser revisada y recontada, para que se diga la verdad de que el coyote ha sido siempre la víctima del cuento.