Resulta muy extraño que gremios empresariales ignoren temas esenciales para centrar su atención en calificar como violación a la Constitución el criterio asumido por el Congreso ante las observaciones hechas por el Ejecutivo a leyes orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura y del Tribunal de Garantías Constitucionales.

En su afán por impedir que se viole la Constitución, los directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada no se han referido al escándalo que ha significado el incumplimiento por empresas de zonas francas del pago de casi mil 200 millones de pesos concertados en créditos con la banca privada avalados por el Estado.

Tampoco han emitido juicio sobre el reclamo del Fondo Monetario Internacional de revisar los gastos tributarios a favor del sector productivo, que ascienden a 108 mil millones de pesos.

Ese gremio no ha elaborado juicios mayores en torno al plan de austeridad y ahorro anunciado por el presidente Fernández. Trata de evitar que aquí se instale una dictadura, aunque nada dice en torno a la crisis del PRD, donde se afirma que ganó la candidatura uno que modificó la Constitución para internar reelegirse en medio de una crisis sin precedentes.

A quien se pretende presentar como ogro antidemocrático, convocó el miércoles al Palacio a directores de medios y juristas con criterios a favor o en contra de la aprobación por mayoría simple en el Congreso de las observaciones del Ejecutivo a las referidas leyes.

Los empresarios que están en esa línea yerran al considerar que el presidente Fernández es capaz de desbaratar con los pies lo que hizo con las manos, aunque creo que no hay inocentada o exceso de celo institucionalista, sino que se procura la cabeza política del mandatario.

El entonces presidente Hipólito Mejía se creyó en 2003 merecedor del apoyo de la cúpula empresarial para su aventura reeleccionista en pleno holocausto económico, pues consideró como un gran servicio a la causa de ese sector el disponer la validación de los dineros de grandes depositantes en bancos quebrados, en violación a la ley monetaria, además de ejecutar políticas que generaron grandes fortunas en tiempos de crisis.

Aun así, ese sector propinó un puntapié político a Mejía que cayó al 4% de aprecio público. Esa gente buscó de la nada a Miguel Vargas, haciéndolo rey, pero al enterarse de su intención de competir en negocios desde el poder, lo tiraron por el barranco de la derrota y rescataron a Hipólito del cesto de la historia.

Ahora, se pretende dar la patada a Leonel, sin percatarse de que, como Balaguer y Bosch, el presidente no inclinará jamás la cerviz ante ningún zapato. Los dos millones de firmas de hoy constituyen un claro mensaje de que la democracia no será sello gomígrafo de la oligarquía.