La pertinencia de revocar el acuerdo transaccional con detentadores de títulos sobre terrenos de Bahía de las Águilas, dispuesto por el presidente Danilo Medina, cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad. Lo inaceptable es que gente de la mentada sociedad civil del Gobierno pretendan impartir ahora un diplomado de moral y ética a partir de esta experiencia de la que también procuran extraer espurio beneficio político, porque el Gobierno no incurrió en ningún pecado al pretender usar una figura de ley para desbrozar el camino hacia el lanzamiento del suroeste como polo turístico.

Un individuo que todavía disfruta de sus 15 minutos de gloria llegó a la desfachatez de amenazar al presidente Medina con someterlo por prevaricación si se concretaba el acuerdo con ocupantes de esos predios que poseen certificados de títulos expedido por la jurisdicción inmobiliaria, como si ese señor no supiera que su litoral político renunció desde el ministerio publico a la persecución penal en el expediente de fraude de Bahía de Las Águilas.

Ese caso quedó reducido a una litis de carácter civil, ámbito de la justicia donde no se presume dolo, sino que se invoca titularidad de derecho y reparación pecuniaria por daños o perjuicios.

Tres ministros, por instrucciones del Presidente, explicaron ante diversos foros de la prensa los alcances del proyecto de conversión del suroeste en cuarto polo turístico, y todo lo que expusieron se ciñe a la verdad, especialmente lo relacionado con la salida extrajudicial que se propuso para liberar terrenos con vocación turística.

Esos argumentos chocaron contra una mole imposible de derribar, que lo es la indignación social que causaría saber que gente que se apropiaron de esos terrenos por vía del fraude, obtengan ahora beneficios en un arreglo que borraría el crimen en el que incurrieron.

El presidente entendió ese aspecto, de carácter moral, pero de falta imputable a tres gobiernos, a un servicio judicial y a un Ministerio Publico que no fueron capaces de perseguir y castigar a los defraudadores y a sus mandantes.

Se insiste en señalar que el Gobierno no incurrió en ningún error al proponer un arreglo transaccional como forma de agilizar la única vía que tiene Pedernales y el suroeste para liberarse de la miseria. La medicina recomendada agravaba una lesión moral que hace 16 anos se infringió a la sociedad.

Ojalá que Ministerio Publico y justicia hagan ahora lo que nunca han hecho con respecto a ese fraude, pero el Gobierno tiene la obligación de no olvidarse de su misión fundamental, que es proveer al suroeste de un camino hacia el desarrollo y la calidad de vida. No se acepta, en consecuencia, la clasecita de moral que gente sin calidad pretende impartir.