ORION MEJIA
Al formalizar un acuerdo político con el jefe del sector hegemónico del Partido Revolucionario (PRD), el presidente Leonel Fernández ha hecho la mayor contribución al fortalecimiento del espacio democrático desde el Pacto por la Democracia, que puso fin a la crisis política derivada de las elecciones de 1994.

Ese pacto asegura que la Asamblea Revisora vote una Constitución de factura liberal y garantista, que prohíbe la reelección consecutiva pero que, al excluir el nunca jamás, garantiza un mejor uso de la experiencia acumulada al frente del Estado por el liderazgo nacional.

El Presidente ha dado una bofetada sin manos a litorales políticos y de la comunicación corporativa que le atribuyeron ambiciones excesivas de poder porque ha impulsado la prohibición a la reelección, cuando aun restan más de tres años de su actual ejercicio constitucional.

La unificación de las elecciones, extensión del próximo período congresual y municipal, definición del concepto de nacionalidad sobre la base de una combinación del jus solis y jus sanguinis, congelación de la matrícula legislativa, instauración del diputado del exterior y por acumulación de votos, y la consagración de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía, constituyen aportes esenciales consignados en ese acuerdo.

Puede decirse que el presidente Fernández ha abierto, con la decidida ayuda del ingeniero Vargas Maldonado, de par en par las puertas del edificio democrático para que en él ingrese la sociedad toda.

Una nota preocupante, pero al mismo tiempo aleccionadora, lo constituye el hecho de que el ingeniero Vargas Maldonado tuvo que rubricar ese acuerdo histórico apenas en su condición de ex candidato presidencial del PRD, pues la dirección de ese partido ha estado cerrada a banda a cualquier tipo de concertación, segada por un delirio de sectarismo.

La bofetada moral, ética y política de la que habló le ha sido asestada a una sociedad civil, y a un periodismo corporativo que han hecho del antileonelismo una profesión de ejercicio cotidiano, al extremo que desmeritaron y rechazaron la convocatoria del Presidente a diálogo nacional y su invitación a participar en una reforma integral de la Constitución.

Sería un gran contrasentido que el proceso de modificación de la Constitución se llevara a cabo sin la participación activa, mediante acuerdo político entre los dos partidos supuestamente liberales (PRD-PLD), cuyos antecesores votaron en 1963 el texto Sustantivo más progresista del siglo veinte.

No se diga que el Presidente actuó presionado por la crisis económica, porque demostrado está que el ensamblaje básico de la economía dominicana no ha sido afectado porque no está conectado con el centro de la tormenta financiera que asola al mundo, aunque esos vientos se sienten en este traspatio.

Desde hace más de diez años, el doctor Fernández ha sostenido el criterio de que la reelección presidencial no constituye un problema moral ni ético, sino político, pero aun así impulsó la no reelección presidencial consecutiva, como forma de desactivar delirios de quienes temen enfrentarlo en las elecciones de 2002.

Este histórico pacto político sirve para convocar a todo el liderazgo partidario a participar en la tarea de consolidar el espacio democrático y promover legítimas aspiraciones electorales a la sombrilla de una Constitución progresista e incluyente.

Los efectos de esta intrépida iniciativa política se sienten como terremoto en un PRD atomizado por una dirección troglodita y excluyente, que solo sabe asociarse con el caos y la anarquía o que obra en beneficio de agendas particulares.

Al resaltar el arrojo que tuvo el ingeniero Vargas Maldonado al zafar grilletes de intolerancia, es menester proclamar que al impulsar un pacto político de esa envergadura, el presidente Leonel Fernández se erige como el más notable estadista y líder liberal en la historia política contemporánea de la nación.

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