Siempre recibimos referencias de estudiantes universitarias, sufriendo acoso en las aulas de parte de profesores que, indican, tradicionalmente mantienen una conducta hostigadora y persecutoria con sus alumnas. Algunas de ellas, embarcadas en procesos de denuncias institucionales agotadoras y poco solucionadas.
El acoso sexual es una de las violencias contra las mujeres de menos reconocimiento en el país, a pesar de que está contemplada en el Código Penal, artículo 333, y en el Código Laboral dominicano, artículos 96 y 97, con sus correspondientes consecuencias.
Se conoce del acoso a las alumnas en la educación escolar secundaria y superior, se denuncia, en algunos casos, sin que hasta ahora, desde los Ministerios de Educación (MINERD)y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCIT), se tomen medidas generales que establezcan un régimen de consecuencias acorde con este crimen.
Al decir quienes denuncian, el proceso institucional es largo y tedioso, muchas veces castigador de la propia víctima y sin llegar a soluciones que la satisfagan. En nuestro país, ya hace algunos años, el llamado Movimiento Sin Aula, en un estudio realizado con 333 estudiantes de cinco universidades, incluida la pública, UASD, establecía que más del 55% de las personas encuestadas, reconocían el acoso en las aulas universitarias, y el 85% de quienes habían demandado a las instituciones educativas, no recibían respuestas satisfactorias.
Es necesaria la atención de las Academias, así como de los organismos educativos correspondientes, para que se tomen medidas de prevención, atención, sanción y procesamiento, para que esto pueda erradicarse de las aulas. Y siendo una expresión de la violencia de género que manifiesta la desigualdad de poder entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, que afecta sobre todo a las mujeres, establecer las pautas culturales necesarias.
La comunidad científica acuerda tres condiciones para que exista el acoso: una conducta de naturaleza y connotación sexual; un hecho no solicitado ni consentido que intimida a quien es víctima y como producto, genera condiciones negativas para ella. Estas secuelas, afectan de manera emocional y física, además de generar consecuencias prácticas sobre las condiciones y/o el desempeño de quien las sufre.
¬Uno de los últimos compromisos internacionales de nuestro país, en 2015, es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el 2030, el quinto de los cuales, apunta a lograr la igualdad entre los géneros, definiendo como primera meta “poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo”. ¡Empecemos a cumplirlo regulando el acoso en las aulas!

