El presidente de la Junta Central Electoral, licenciado Roberto Rosario, ha dicho muchas veces que las elecciones venideras serán transparentes. Es de suponer que los cómputos de ese organismo estén en consonancia a la expresión de los electores en las urnas.

Si lo que procura es confianza debía de limitarse a cumplir cabalmente con sus atribuciones, porque como bien señala Ben Jonson: Las pruebas pesan más en la balanza de la justicia que los más elocuentes discursos. Un juez no debe de hablar a diario, mucho menos establecer polémicas públicas con entidades de la sociedad civil, como es el caso de Participación Ciudadana.

Participación Ciudadana aboga por transparencia en todos los certámenes electorales y lo reitera en esta oportunidad. Si la JCE coincide con PC en la celebración de unos comicios limpios, ¿por qué, entonces, se lanza a contradecirla públicamente, llegando al extremo de descalificarla moralmente?

La JCE es el órgano, conforme a la Constitución de la República, que tiene a su cargo el montaje y conteo de los sufragios. Dada su condición de árbitro debía de colocarse por encima de los intereses políticos y no involucrarse en discusiones, mucho menos usar diatriba. ¿Exabrupto?

Todos sabemos que el fondo del problema está en el Centro de Cómputos. Y más que en ese centro en la persona del ingeniero Franklin Frías, quien ocupa su dirección después que Miguel Angel García fue inducido a renunciar, en el marco de una estrategia que no ha salido como se esperaba.

Si verdaderamente la JCE le interesa despejar especulaciones sobre su correcto desempeño, lo primero que tiene que hacer es separar al señor Frías del Centro de Cómputos. Para disipar una duda, cualquiera que sea, se necesita una acción, dice Thomas Carlyle. La JCE no puede seguir dando motivos de sospecha.